El Gobierno canario endurece la moratoria turística con una ley que impedirá más camas

El Gobierno de Canarias endurecerá la moratoria turística con el articulado de la ley de medidas cautelares urgentes que pretende tramitar en este semestre en el Parlamento de Canarias.

El Gobierno de Canarias endurecerá la moratoria turística con el articulado de la ley de medidas cautelares urgentes que pretende tramitar en este semestre en el Parlamento de Canarias. La comisión interdepartamental que trabaja en el diseño del modelo de desarrollo sostenible reduce de cuatro a dos las excepciones a la moratoria, según consta en el borrador provisional de la ley. Esto se traducirá en que la construcción de hoteles de cuatro y cinco estrellas complementarios a instalaciones de ocio y salud y los hoteles de ciudad (permitidos hasta ahora con la moratoria) no serán autorizados al entrar en vigor la ley. De este modo, según el borrador presentado ayer por el vicepresidente del Gobierno, Adán Martín, durante el periodo de vigencia de la futura ley de medidas urgentes sólo se podrá rehabilitar la planta hotelera existente y crear establecimientos de turismo rural. Todas las demás iniciativas empresariales que supongan un incremento en la planta de alojamiento quedarán paralizadas durante el periodo de vigencia de la ley de medidas urgentes, que concluirá con la aprobación por el Consejo de Gobierno de los planes territoriales especiales de ordenación del turismo, cuyo ámbito de aplicación será insular. Será con estos planes territoriales con lo que cada isla pueda adaptar a su realidad económica el modelo de crecimiento futuro. Una normativa que deberá aprobar el Consejo de Gobierno, tras consensuar las medidas que se han de implantar en cada isla con su Cabildo, tres o cuatro meses después de la aprobación en el Parlamento de la ley de medidas urgentes. El giro que el Gobierno canario promueve con la exclusión de las dos excepciones incluidas en el decreto, que recibieron duras críticas por parte de los empresarios, algún cabildo y los grupos parlamentarios, no puede tacharse de "contradicción" ni "rectificación", según los miembros de la comisión interdepartamental. El equipo redactor del borrador de la ley de medidas urgentes apunta hacia la diferencia de rango normativo entre el decreto y la ley como justificación para la reducción de las excepciones, ya que "el Gobierno no pudo contemplar la realidad de cada isla en el decreto, por lo que incluyó estas dos excepciones para evitar perjuicios graves en el desarrollo de algunas islas". 

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