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Cinco municipios de Baleares, entre las 15 zonas turísticas más inseguras de España

12 noviembre, 2003
Cinco municipios de Baleares se encuentran entre las 15 zonas turísticas españolas con mayor inseguridad ciudadana, según datos del Ministerio del Interior dados a conocer ayer en el Parlament balear por el diputado socialista Antoni Diéguez. La población canaria de Adeje (Santa Cruz de Tenerife) encabeza el ranking nacional seguida por el municipio ibicenco de Sant Antoni de Portmany, donde el año pasado se denunciaron 3.294 delitos, lo que arroja una tasa de 196 delitos por habitante.
Cinco municipios de Baleares se encuentran entre las 15 zonas turísticas españolas con mayor inseguridad ciudadana, según datos del Ministerio del Interior dados a conocer ayer en el Parlament balear por el diputado socialista Antoni Diéguez. La población canaria de Adeje (Santa Cruz de Tenerife) encabeza el ranking nacional seguida por el municipio ibicenco de Sant Antoni de Portmany, donde el año pasado se denunciaron 3.294 delitos, lo que arroja una tasa de 196 delitos por habitante. En cuarta y sexta posición se encuentran Calvià y Eivissa, con 5.177 y 2.820 denuncias registradas en 2002. Por su parte, Palma de Mallorca (18.176 delitos durante el año pasado) y Manacor (1.550) ocupan el undécimo y duodécimo lugar, con una tasa próxima a los 50 delitos anuales por habitante. Ciutadella se sitúa en la posición número 20. El PP impidió ayer que prosperara una moción en la que los socialistas exigían al Ministerio del Interior que cubra la totalidad de las plazas de la Policía Nacional y la Guardia Civil que permanecen vacantes en Baleares, además de incrementar su dotación durante el verano para hacer frente al incremento de la inseguridad. «Un delito es la peor publicidad para una zona turística», argumentó el portavoz del PSM Pere Sampol. En su moción, el PSOE califica de «inadecuado» el proyecto de Policía Turística que la Conselleria del Interior quiere poner en marcha el próximo verano con una primera promoción de cien agentes, hasta alcanzar los 300 en un plazo de tres años. Los socialistas consideran que es el Ministerio del Interior -y no el Govern y los ayuntamientos- quien debe asumir el coste de este servicio, ya que las competencias de seguridad ciudadana no están transferidas a la Comunidad Autónoma. «Este proyecto», afirmó Antoni Diéguez, «responde a la ideología del PP: quien quiera seguridad, que se la pague». Por su parte, el diputado popular Antoni Marí defendió la iniciativa del conseller José María Rodríguez asegurando que aumentará la presencia de agentes en la calle, sin que esto suponga reducir la plantilla de las policías locales. Diéguez criticó que el plus de insularidad previsto por el Ministerio de Administraciones Públicas para equiparar el sueldo de los funcionarios de Baleares con los de Canarias de momento sólo afecte a los de Menorca y Eivissa, dejando fuera a los de Mallorca. (M.A.R, diario El Mundo-El Día de Baleares, 12/11/03)

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