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Los dueños de Marsans, imputados por presunta apropiación de hasta 204 millones de euros de SEPI en Aerolíneas Argentinas

14 junio, 2005
El juzgado de instrucción número 35 de Madrid ha citado a declarar el próximo 5 de julio como imputados a los propietarios del Grupo Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, por un presunto delito de apropiación indebida de fondos públicos por importe de hasta 246 millones de dólares (204 millones de euros) procedentes de las aportaciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para el pago de deudas de Aerolíneas Argentinas (AA), propiedad de la sociedad Air Comet tras su privatización en 2001.
El juzgado de instrucción número 35 de Madrid ha citado a declarar el próximo 5 de julio como imputados a los propietarios del Grupo Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, por un presunto delito de apropiación indebida de fondos públicos por importe de hasta 246 millones de dólares (204 millones de euros) procedentes de las aportaciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para el pago de deudas de Aerolíneas Argentinas (AA), propiedad de la sociedad Air Comet tras su privatización en 2001. Air Comet está controlada por el grupo Marsans y por el presidente del consejo de administración de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata, también imputado en el proceso. En el escrito de providencia, al que tuvo acceso Europa Press, la titular del juzgado número 35 amplía una denuncia inicialmente presentada contra Antonio Mata, imputándoles además a los tres un presunto delito fiscal y otro de supuesta falsedad documental en las cuentas anuales de Air Comet. El proceso se encuentra en fase de diligencias previas. Los hechos se remontan a diciembre de 2002, fecha del concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas. Air Comet habría hecho entonces figurar en su favor unas deudas ya canceladas por la SEPI en el marco de sus aportaciones para la reducción de deuda de la compañía y su reflotamiento. Así se recoge en la denuncia presentada por miembros del equipo de interventores judiciales del concurso de acreedores de AA, que ha motivado la citación a Pascual y Díaz como imputados de los tres delitos mencionados. La primera aportación de la SEPI tuvo lugar en diciembre de 2001, tres meses después de la venta de Aerolíneas Argentinas a Air Comet. El holding público concedió entonces una primera partida de 300 millones de dólares para que la aerolínea argentina cancelara una serie de pasivos, entre los que se encontraba una deuda de unos créditos por valor de 190 millones de dólares a favor de las entidades financieras BBVA, ABN Amro y Citibank. A esta deuda hay que sumar otra por valor de 56 millones de dólares a favor de Repsol YPF, sumando entre ambas la cantidad de 246 millones de dólares. Aunque estos créditos fueron cancelados directamente por la SEPI a través de Interinvest, sociedad titular de Aerolíneas Argentinas, la denuncia constata que estos pasivos habrían sido subrogados a favor de Air Comet, pese a que en el contrato de compraventa de la compañía aérea "se estipula que no podrá realizarse subrogación de los créditos cancelados", según fuentes de la acusación. En este sentido, la juez requiere a la SEPI que aporte el contrato de compraventa de Aerolíneas Argentinas de 2 de octubre de 2001, al que "deberá constar unido el anexo de los pasivos a esa fecha de venta", según se indica en la providencia. "COMPRAS SIMULADAS DE CREDITOS" De acuerdo con la acusación, estas compras de créditos "fueron simuladas" ya que esos derechos crediticios fueron liquidados con anterioridad a las subrogaciones mediante pagos de la SEPI. Esta operación, con la que Air Comet y la sociedad Royal Romana Playa --supuestamente vinculada a Antonio Mata-- habrían adquirido el 90% de las deudas presentadas al concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas de diciembre de 2002, se habría realizado para controlar la mayoría de los derechos de voto en este concurso, que terminó con una quita del 60% de la deuda "con perjuicio de los restantes acreedores y de los accionistas minoritarios". Según la acusación, actualmente figuran como acreedores en el expediente de suspensión de pagos las sociedades Royal Romana Playa y Air Comet por la cantidad de dichos créditos subrogados menos la quita correspondiente, pese a haberse cancelado anteriormente dichos créditos". REQUERIMIENTO AL BBVA y A LA AGENCIA TRIBUTARIA De este modo, la providencia de la juez requiere al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) que aporte las firmas autorizadas y reconocidas de la cuenta bancaria de Interinvest abierta en la ciudad de Nueva York (EEUU), así como un "detalle concreto de los movimientos habidos con la sociedad española Air Comet SA". Además, solicita a la Agencia Tributaria que aporte copia autorizada de las declaraciones del impuesto de sociedades de Air Comet correspondientes a los ejercicios 2000, 2001, 2002 y 2003, un resumen anual del IVA y declaraciones anuales de las operaciones con terceros, correspondientes en ambos casos a los años 2000, 2001, 2002 y 2003. Por último, la juez ordena librar una comisión rogatoria al Juzgado Comercial de primera instancia Nº 15, Secretaria 29 de Buenos Aires, Argentina, para que remita documentación sobre la suspensión de pagos de Aerolíneas Argentinas. Desde la privatización y compraventa de Aerolíneas Argentinas en octubre de 2001, la SEPI lleva aportados alrededor de 754 millones de dólares para el pago de pasivos de Aerolíneas Argentinas, cuyo presidente, Antonio Mata, ha anunciado recientemente la intención de los propietarios de desprenderse de un 45% de la aerolínea mediante la constitución de un núcleo accionarial de referencia y su salida a bolsa. AIR COMET ASEGURA QUE LAS DENUNCIAS SON "FALSAS E INFUNDADAS" Air Comet, en unas primeras reacciones a la noticia, asegura que las denuncias contra los propietarios de Marsans, y contra el presidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata, son "falsas, infundadas y carentes de todo rigor". Fuentes de Air Comet declararon a Europa Press que la compañía "está tranquila" y que "ha procedido siempre conforme al contrato de compraventa entre vendedor (la SEPI) y comprador, y de acuerdo con la legalidad vigente". No obstante, estas mismas fuentes reconocen que la citación como imputados a los dueños de Marsans por parte de la juez "es un hecho real". Además, Air Comet asegura que todo se resolverá en el momento en que la SEPI aporte al juzgado el contrato de compraventa de Aerolíneas Argentinas, de fecha de octubre de 2001, tal y como la juez ha exigido a la SEPI en su escrito de providencia, en el que también imputa a Pascual, Díaz y Mata supuestos delitos de falsedad documental y presunto delito fiscal. Air Comet, que insiste en su plena confianza "en la completa legalidad de su propio proceder", anuncia que "adoptará las medidas legales pertinentes contra los denunciantes una vez que todo esté aclarado". AEROLÍNEAS ARGENTINAS: "LA IMPUTACIÓN ES ABSOLUTAMENTE FALSA" Por su parte, en declaraciones a EFE, Aerolíneas Argentinas tachó ayer de "absolutamente falsa" la imputación contra los propietarios del Grupo Marsans. Según Aerolíneas Argentinas, se trata de una denuncia realizada por un grupo de "picapleitos argentinos profesionales" que se remonta a noviembre de 2004, cuando el letrado Rafael Caro acusó a Royal Romana Playa, sociedad ligada a Mata, quien negó en su momento esa vinculación, de ocultar el traspaso de los derechos de cobro de 56 millones de dólares que Aerolíneas adeudaba a Repsol YPF en 2002. A esa deuda se sumaba otra de los créditos que Aerolíneas debía a BBVA, ABN Amro y Citibank por valor de 190 millones de dólares, que fueron aportados por la SEPI y, según la acusación, "subrogados a favor de Air Comet", por lo que la denuncia se ha ampliado y ahora se le acusa también de la apropiación indebida de fondos públicos. Aerolíneas insiste en que estas afirmaciones "son absolutamente falsas y que en ningún momento ha habido ninguna simulación de crédito", por lo que "en cuanto se aporte la documentación tanto por parte de la SEPI como de Air Plus Comet, se va a demostrar de forma clara y rigurosa que el asunto siempre se ha gestionado con el debido respeto y la debida legitimidad que tiene". De acuerdo con Aerolíneas, los extorsionadores buscan "el daño mediático" para generar incertidumbre y duda, porque ahora, "cuando la compañía vale, a mucha gente le apetece meterle mano". Aerolíneas indicó, asimismo, que "se tomarán las medidas legales oportunas y que el derecho legítimo nos acoge para ir contra esos señores". Por su parte, fuentes de la SEPI dijeron a EFE que "colaboraremos con las autoridades jurisdiccionales" en este asunto.

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