El discurso de la Reina y su impacto sobre las reclamaciones gástricas

El documento informativo del gobierno británico presentado conjuntamente con el discurso celebrado el pasado 21 de junio por la Reina Isabel II enumera veintiuno proyectos completos de ley y tres borradores, así como tres proyectos de ley de finanzas. En su totalidad, el nuevo gobierno de Theresa May tiene previsto someter al voto del nuevo parlamento veintisiete leyes. Dos proyectos afectarán particularmente al sector hotelero español, y al auge de las reclamaciones por enfermedad gástrica.

El primero, con respecto a la legislación sobre protección del consumidor (con cinco proyectos de ley), prevé elaborar una ley de responsabilidad civil que hará más estricta la normativa aplicable a las reclamaciones por latigazo cervical. El gobierno afirma que el ahorro para el automovilista británico será de 35 libras al año y, consecuentemente, un seguro de coche más barato.

El segundo, con respecto a la legislación no partidista (con siete proyectos de ley), incluye un proyecto de ley sobre reclamaciones que regulara las compañías de gestión de reclamaciones. Además, se creará un nuevo organismo que ofrecerá asesoramiento financiero.

Este último proyecto de ley afectará a las empresas de gestión de reclamación que verán sus honorarios limitados. Además, la regulación de esas empresas se transferiría a otro organismo, el “Financial Ombudsman Service” (FOS). Dicha transferencia permitirá al FOS reglamentar el sector de la gestión de reclamaciones, limitando los honorarios que sus compañías puedan facturar a los clientes. La transferencia también ayudará a garantizar que sus directivos sean personalmente responsables por las actuaciones de su empresa. El objetivo del proyecto es igualmente establecer un proceso de autorización más exhaustivo para la creación de nuevas empresas de gestión que desean incorporarse al mercado de las reclamaciones.

Estas reformas son otro paso en la batalla emprendida contra las reclamaciones fraudulentas, muchas de ellas fomentadas por algunas compañías de gestión de reclamaciones. Estas compañías dependían principalmente de su propio organismo regulador (“Claims Management Regulator”). Todo y así, requieren ahora de una regulación más estricta y que, en caso de fraude demostrado, sus directivos puedan ser considerados responsables.

Marc Ripoll

Abogado