El gobierno español dicta un arbitraje obligatorio para resolver el conflicto entre la dirección y los pilotos de Iberia

El Consejo de Ministros de España decidió ayer dictar un arbitraje obligatorio para resolver el conflicto entre la dirección y los pilotos de Iberia sobre la renovación del VII convenio colectivo, según anunció el ministro portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas.

El Consejo de Ministros de España decidió ayer dictar un arbitraje obligatorio para resolver el conflicto entre la dirección y los pilotos de Iberia sobre la renovación del VII convenio colectivo, según anunció el ministro portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas.El Ejecutivo ha ofrecido a las partes un plazo de 24 horas para decidir voluntariamente a quién podrían designar como árbitro y advierte de que si no existe un acuerdo será designado por el gobierno. Pío Cabanillas añadió que la decisión de adoptar un arbitraje obligatorio no sólo es una opción "perfectamente constitucional", a través del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo; sino que la sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981 de 8 de abril 1981 atribuye al Gobierno la potestad de acordar un arbitraje obligatorio a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, teniendo en cuenta la duración, consecuencias, posiciones de las partes y perjuicios en la economía nacional en los casos de huelga. Según Cabanillas, el gobierno español considera que la suspensión durante casi 5 horas y media de las operaciones de vuelo de Iberia "ha agravado una situación que ha supuesto poner en peligro el movimiento ordenado de mercancías y personas ocasionando un grave perjuicio a la economía nacional". Según valoró que, al ser Iberia "la aerolínea más importante" en España, la situación podría haber afectado al normal funcionamiento de los aeropuertos, dañar la imagen de España y de sectores fundamentales para la economía nacional como el turismo y causar la saturación de medios alternativos. En este sentido apuntó que la compañía atiende a 80.000 pasajeros diarios en vuelos domésticos, otros 35.000 en internacionales y transporta 620 toneladas de carga. Asimismo, el gobierno, al decidir el arbitraje obligatorio, ha tenido en consideración los trastornos que podría haber causado la suspensión de los vuelos en las islas Canarias y Baleares; así como los "múltiples" encuentros infructuosos de ambas partes por encontrar una solución al diferendo. 

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