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Reunión hoy entre el Gobierno de Baleares y el sector aéreo

2 noviembre, 2001
El problema ocasionado en las Islas Baleares tras el cierre de Air Europa Express y la nueva programación de invierno puesta en marcha por las compañías aéreas serán el centro de debate de la Mesa de Coyuntura Aérea, cuya primera reunión se celebra esta tarde, y de la que forman parte, además del Gobierno, los tres Consejoss Insulares, las compañías aéreas y las centrales sindicales UGT y CCOO.
El problema ocasionado en las Islas Baleares tras el cierre de Air Europa Express y la nueva programación de invierno puesta en marcha por las compañías aéreas serán el centro de debate de la Mesa de Coyuntura Aérea, cuya primera reunión se celebra esta tarde, y de la que forman parte, además del Gobierno, los tres Consejoss Insulares, las compañías aéreas y las centrales sindicales UGT y CCOO. La intención del Gobierno es conseguir que otras compañías se hagan cargo de las frecuencias que ha dejado de operar Air Europa Express. El conseller de Transports, Francesc Quetglas, aseguró ayer que el Ejecutivo balear se compromete a apoyar las peticiones de autorización que hay que tramitar obligatoriamente ante el Ministerio de Fomento para poder hacerse cargo de las mencionadas rutas. Quetglas manifestó que el objetivo es «minimizar el impacto del cierre de Air Europa Express tratando de que el resto de compañías puedan cubrir este agujero y pedir a Aena una reestructuración de los 'slots' para que las otras empresas puedan cubrir en la medida de lo posible el vacío que ha dejado Air Europa Express». La mesa quiere «resolver mediante la negociación los problemas más graves que plantea la nueva programación, sobre todo a los ciudadanos de Eivissa y Formentera y Menorca y buscar un método de trabajo que nos permita sacar adelante los temas que nos afectan en las Islas». Hay otra gran novedad: el Ejecutivo que preside José María Aznar estudia declarar obligación de interés público los vuelos interinsulares y los que unen Baleares con la Península. El Ministerio de Fomento sopesa en este momento los numerosos pros y los contras (que también los hay). «El problema», argumentan fuentes gubernamentales, «es que para declarar los vuelos entre la Península y Baleares obligación de interés público habría que volver a una situación de monopolio «de facto». ¿Por qué?, se preguntará todo el mundo. La respuesta es sencilla: si se declara obligatorio un trayecto (el Eivissa-Madrid, por ejemplo) el Gobierno está obligado a convocar un concurso público y adjudicarlo en régimen de exclusividad a una sola compañía. Declarar obligación de interés público los vuelos entre Baleares y la Península sería, en resumidas cuentas, una vuelta al monopolio que existía en España antes de la liberalización aérea de 1992. Tanto si la elegida es Iberia, como si el Gobierno opta por Spanair o Air Europa, no habrá competitividad posible. Los peligros que entraña una situación monopolística son obvios: precios abusivos e inferior servicio. Fomento no dará el paso antes de analizar detenidamente las ventajas y los inconvenientes. Si, finalmente, hay «fumata blanca» y se convoca un concurso, se hará todo lo posible por que se presenten las tres grandes: Iberia, Spanair y Air Europa. El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, ya reconocía esta semana en Palma, después de una entrevista de unos pocos minutos con el presidente del Govern, autonómico, Francesc Antich, la «importancia estratégica» que para Baleares representa la comunicación por vía aérea. Posada admitió, ante los medios de comunicación, que al transporte aéreo y marítimo «no hay alternativas» para desplazarse, tanto en el caso del archipiélago balear como en el de Canarias. En su reciente visita a Baleares, el ministro de Administraciones Públicas no llegó a confirmar, ni a desmentir, la posibilidad de esta declaración de interés público para los vuelos entre las Islas y de las Islas con la Península. Sí que recordaba, en cambio, que existen «unas normas estrictas de la Unión Europea» que establecen que semejante medida no debería afectar «a la libre concurrencia». (Diario El Mundo-El Día de Baleares, 2/11/01)

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