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España: Los empresarios turísticos de Las Palmas piden el crecimiento cero ante el elevado número de licencias pendientes

10 septiembre, 2002
Los empresarios del sector turístico de la provincia de Las Palmas reclaman al Gobierno de Canarias que las cerca de 50.000 licencias turísticas ya concedidas que deberán ejecutarse en los próximos diez años se vinculen también al límite del uno por ciento anual que las directrices de ordenación del turismo permiten para todo el Archipiélago.
Los empresarios del sector turístico de la provincia de Las Palmas reclaman al Gobierno de Canarias que las cerca de 50.000 licencias turísticas ya concedidas que deberán ejecutarse en los próximos diez años se vinculen también al límite del uno por ciento anual que las directrices de ordenación del turismo permiten para todo el Archipiélago. Según el presidente de la Federación de Empresarios Hoteleros y del Turismo (FEHT), Fernando Fraile, esa petición equivale a reclamar ante el Ejecutivo regional que las directrices impongan una política de "crecimiento cero" para nuevas instalaciones turísticas en las Islas, dado que la Federación calcula que son cerca de 100.000, y no 52.500, las licencias aún no ejecutadas que se concedieron en los últimos años en Canarias antes de que entrase en vigor la moratoria turística. La FEHT presentó ayer en la capital grancanaria las alegaciones a las directrices que presentarán el próximo lunes, día en que concluye el plazo máximo dado por el Gobierno. Los cálculos de los empresarios del turismo indican que si las directrices se aprueban "tal como está el texto en la actualidad", se podrían llegar a permitir hasta cerca de 100.000 camas en los próximos años en base a ese uno por ciento anual, a los que hay que sumar las cerca de 100.000 licencias que dicen los empresarios que aún hay pendientes. "Eso supone que podría haber 200.000 camas más respecto a las actuales", dijo Fraile, lo que en cifras de turistas supone "seis millones de turistas más al año". En este año, según Fraile, "lo estamos pasando mal para alcanzar los doce millones de turistas", por lo que alcanzar en diez años una disponibilidad de plazas para 18 millones de turistas es, a juicio de los hoteleros, "excesivo". Fraile aseguró ante los medios que los empresarios del turismo hacen una lectura "muy crítica" de las directrices, dado que consideran que éstas son muy perjudiciales para el sector extrahotelero y porque plantean una política intervencionista que pide un nuevo modelo turístico sin llegar a concretarlo. Para los empresarios, las directrices imponen condiciones muy duras a los aparthoteles, "y el 50 por ciento de ellos no puede cumplir con ellas". No obstante, Fraile dejó claro que en Canarias los aparthoteles que hay "sí cumplen todos con la ley de Turismo", a la vez que hay un plan cronológico para rehabilitar las instalaciones "que no están tan mal como dice el Gobierno", según la FEHT. Para Fraile, el documento plantea que la planta alojativa está "obsoleta" y se necesita "un nuevo modelo", pero "olvida que lo que está obsoleto son las infraestructuras públicas" que hay alrededor del turismo en las Islas, que contiene elementos como la red de saneamiento, las carreteras o el transporte público, entre otras cosas. Los empresarios consideran que las directrices atacan las instalaciones extrahoteleras (los apartamentos), cuando éste es un sector que supone "una ventaja competitiva" de Canarias respecto a otros destinos, ya que un amplio número de turistas ingleses, escandinavos y centroeuropeos eligen el Archipiélago precisamente por la existencia de oferta en el sector de apartamentos. El presidente de la patronal turística criticó uno a uno los apartados de los que se compone el documento aprobado ya por el Gobierno de Canarias. Pese a esta visión tan crítica del texto que ahora está sobre la mesa, Fraile aseguró que las conversaciones que los miembros de la Federación han mantenido con el Gobierno de Canarias permiten pensar que el Ejecutivo accederá a algunas de las principales demandas de los empresarios. Una de ellas, la que ha preocupado más a los empresarios, es el pliego de condiciones que el Gobierno exige para la construcción de nuevas instalaciones o la renovación de las más antiguas, que incluye estudios de viabilidad, entre otras cosas. El próximo lunes finaliza el plazo de alegaciones, por lo que las directrices, tras ser revisadas de nuevo por el Gobierno ya con las alegaciones en la mano, irán al Consejo Consultivo y al Consejo Económico y Social. Tras eso, el Parlamento iniciará un trámite que el Gobierno quiere culminar antes de que termine la legislatura. Fraile lamentó que el plazo sea tan acelerado, dado que el impacto de todo lo que se apruebe en esas directrices "será muy grande". Los empresarios mostraron también su disgusto por el hecho de que tengan que presentar alegaciones a un documento ya aprobado inicialmente por el Gobierno, algo que hará más difícil que se acepten sus reclamaciones.

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