Datos del Gobierno balear

Solicitadas 3.000 plazas de alquiler turístico en Mallorca

Publicada 16/08/18 -Actualizada 10/09/18 02:00h

En diez días, el Ejecutivo autonómico ha recibido 616 peticiones, que suman 2.999 plazas, casi el 80% de ellas en viviendas plurifamiliares
El 14% son para casas unifamiliares y el 6%, para comercializar la vivienda principal del interesado durante los dos meses al año permitidos
Airbnb oferta este verano en la isla 14.670 establecimientos que alcanzan las 92.573 plazas, según han denunciado Terraferida y DinsAirbnb

Entre el 30 de julio y el 10 de agosto, el Gobierno balear ha recibido 616 solicitudes de compra de plazas para el arrendamiento vacacional en Mallorca, que implicarían la venta de 2.999 plazas si todos esos expedientes se llegaran a formalizar. La gran mayoría de estas plazas, el 79,5% (2.386), estarían en viviendas plurifamiliares, una modalidad que puede ser comercializada turísticamente por primera vez en las islas en virtud de la modificación legislativa aprobada el año pasado.

Así consta en un comunicado difundido por la Consejería del ramo que hace balance de los expedientes iniciados por el Consorcio Bolsa de Alojamientos desde que, el pasado día 30, se iniciara el plazo de presentación de solicitudes.

Para propiedades unifamiliares, se han registrado 67 peticiones, que suponen 424 plazas, es decir, un 14,1% del total. En cuanto a la posibilidad de arrendar la vivienda principal del propietario durante dos meses al año, son 32 expedientes los cursados hasta el momento, que implican 189 plazas, un 6,3%.

La Consejería ha recordado que la compra de licencias, que se puede realizar desde la aprobación de las zonificaciones del Ayuntamiento de Palma y del Consell de Mallorca, se rige por los precios aprobados por la junta del Consorcio y el número de plazas que fija la cédula de habitabilidad de cada propiedad.

Una vez realizado el primer pago, los interesados tienen que presentar en Turismo la declaración responsable de inicio de actividad turística, acompañada por la documentación exigida. De no ser así, puede abrirse procedimiento sancionador contra el implicado, por lo que la Consejería advierte de la necesidad de asegurar que la vivienda cumple con todos los requisitos estipulados por la normativa vigente.