El Consejo de Garantías catalán objeta el decreto contra las VTC
Publicada 26/02/19 -Actualizada 25/03/19 02:00h
- El organismo constitucional considera que la precontratación de 15 minutos vulnera el derecho a la libertad de empresa
- Los ocho juristas, cuyos dictámenes son de carácter consultivo, rechazan unánimemente la normativa por estar fuera de marco legal vigente
- Pese al dictamen del Consejo de Garantías, la Generalitat no piensa echar para atrás el decreto: lo llevará al pleno del Parlamento
El Consejo de Garantías Estatutarias catalán, organismo de la más alta institución jurídica de la Generalidad de Cataluña con la competencia de velar por la adecuación al Estatuto de Autonomía y a la Constitución española de las leyes aprobadas por el Parlamento catalán, señala en su dictamen sobre el decreto ley 4/2019, de 29 de enero, para la regulación de los servicios de transporte con licencia de vehículo de turismo con conductor (VTC) que "El párrafo [...] relativo a el establecimiento de un intervalo de tiempo mínimo de 15 minutos vulnera el derecho a la libertad de empresa del artículo 38, dado que constituye una restricción no razonable de este derecho, según los principios de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad ".
El dictamen fue solicitado al Consejo el pasado 5 de febrero por el partido Ciudadanos, considerando que la medida de la Generalitat no alcanza el canon de constitucionalidad que exige el Tribunal Constitucional sobre la protección de la libertad de empresa.
Los ocho juristas, cuyos dictámenes tienen carácter consultivo, han rechazado unánimemente la nueva normativa por estar fuera de marco legal vigente, no solo en cuanto a trasgredir la libertad de empresa sino también en lo referente a la habilitación legal que se otorga en el decreto al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y a los ayuntamientos catalanes a ampliar hasta una hora la antelación de la reserva, lo cual afectaría de la misma forma la libertad empresarial.
El decreto catalán
La normativa aprobada el 29 de enero provocó de inmediato que ambas empresas afectadas, Cabify y Uber, anunciaran su salida de Cataluña incluso antes de que entrara en vigor el 1 de febrero pasado, ya que, solo consideraron que solo contenía restricciones a su actividad a favor del taxi.
El decreto también elimina el uso de la geolocalización, una de las virturdes de las aplicaciones desarrolladas por las dos plataformas, que permitía la inmediatez de sus servicios y que ya no sería tan necesara si se han de contratar con un tiempo de antelación. Entonces argumentaron que el 98,5% de los viajes gestionados a través de su app están por debajo de los 15 minutos de espera (más información en: Huelga del taxi: paz en Barcelona, guerra en Madrid y Cabify, otro servicio VTC que deja Barcelona).
El decreto se queda
Pese al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, ha afirmado que el Gobierno catalán no prevé cambios y que llevará el polémico decreto al pleno del Parlamento para intentar que sea convalidado, recordando que los dictámenes del organismo no son "vinculantes", según recoge el diario catalán Ara. Artadi advirtió, no obstante, de que el Consejo de Territorio y Sostenibilidad trabajará para que "el decreto cumpla todas las garantías legales".
En cuanto a la antelación de reserva objetada por el Consejo de Garantías, afirmó que "respeta la proporcionalidad" entre dos servicios con regulaciones diferentes. No obstante, recordó que el decreto es de aplicación temporal, hasta que se promulgue una "ley integral" sobre los servicios de transporte del conjunto de vehículos con conductor, tanto taxis como los VTC.
El sector del taxi en Cataluña alcanza 14.000 licencias, más de 10.500 concentradas en el área de Barcelona. Para el sector de las VTC han sido otorgadas hasta la fecha una 4.000 licencias, de las que están operativas unas 2.500.
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