Alaya impone un millón en fianzas a siete imputados por el ERE del Hotel Cervantes

En un auto notificado este jueves a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya impone una fianza civil de 60.471 euros a Miguel Rodríguez Ortega, como director del hotel; a José Cabrera Molina, miembro del comité de empresa como secretario de la sección sindical de CCOO y prejubilado en el ERE del Hotel Cervantes, y a Gonzalo Fuentes Guerrero, secretario general de la federación andaluza de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO.

Estos dos últimos deberán hacer frente a dicha cantidad de manera solidaria dada "su condición de representantes de CCOO en la negociación y tramitación del ERE", en el que fueron incluidos dos 'intrusos', argumenta la juez, que declara en este caso la responsabilidad civil subsidiaria de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo del sindicato CCOO-A.

La jueza Mercedes Ayala.

Asimismo, impone sendas fianzas civiles de 310.667,75 euros y 294.045,41 euros a Claudio Andrés Sendino y José Antonio Cuevas, respectivamente, que fueron incluidos como 'intrusos' en el ERE, y de 120.942,63 euros al que fuera director de la división hotelera de Nueva Rumasa, Carlos Miranda Bacciarin.

La juez Alaya dice que los dos sindicalistas de CCOO imputados "participaron de forma activa" en el proceso del ERE, "facilitando el proceso y siendo conocedores de la inclusión" de los dos 'intrusos' en el ERE "mediante su contratación fraudulenta muy poco tiempo antes de la solicitud del ERE".

De igual modo, considera que Miguel Rodríguez Ortega, como director del hotel entre 2004 y 2008, habría firmado la solicitud del ERE "a sabiendas de la inclusión" de los dos 'intrusos', "quienes no tenían derecho a las prejubilaciones pactadas, falseando presuntamente los datos contenidos en las fichas relativas a ambos trabajadores respecto a la fecha de antigüedad en dicho hotel".

Por el ERE del Hotel Cervantes permanecen imputados también el empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, que se ha negado a comparecer ante la juez en dos ocasiones pese a la advertencia de detención, y tres de sus hijos, como son Javier, Pablo y Zoilo, para quienes las acusaciones han solicitado una fianza civil de 8,5 millones de euros, petición sobre la que la juez todavía no se ha pronunciado.