Airbnb: el decreto catalán de alquiler turístico tendrá "consecuencias"

Así lo asegura la directora general de servicios de mercadotecnia de esta empresa, Mónica Casañas, en una carta remitida al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, y compartida con los medios de comunicación.

El pasado 7 de noviembre, el Govern aprobó un decreto ley que obliga a los ayuntamientos de estos 262 municipios a modificar su planeamiento urbanístico para recoger expresamente la posibilidad de acoger pisos turísticos, justificando que tienen suficiente suelo para vivienda permanente y, en ningún caso, sobrepasar los 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes.

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En noviembre la Generalitat de Cataluá aprobó un nuevo decreto ley sobre viviendas turísticas. Fuente: Unsplash.

Sobre esta norma se pronunciará el pleno del Parlament la semana próxima (ERC, que gobierna en solitario, cuenta solamente con 33 de los 68 diputados que fijan la mayoría), después de que el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), a petición de PSC-Units, Junts, Vox y el PPC, dictaminara que ninguno de sus artículos vulnera la Constitución ni el Estatut.

Con los datos actuales, la normativa obligaría a cerrar 28.000 pisos turísticos en 47 municipios, que superan la ratio de 10 viviendas turísticas por cada 100 vecinos

En la misiva, la responsable de Airbnb lamenta la propuesta del Govern, ya que "restringe la actividad sin evidencias suficientes sobre dónde se encuentran los desafíos".

"Un enfoque que probablemente tenga consecuencias no deseadas, como no permitir que los habitantes y comercios locales de esos municipios se beneficien del turismo en lugares con una gran oferta de viviendas, pero muy poca población", añade.

Restricciones a su actividad

La plataforma estadounidense es objeto de políticas restrictivas en otras latitudes, como en el caso de Nueva York, donde se obliga a todos los anfitriones a registrarse ante las autoridades locales y además se prohíbe el alquiler de apartamentos enteros durante menos de 30 días cuando no estén presentes los dueños.

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En el caso de Cataluña, la empresa afirma estar "comprometida en trabajar de manera conjunta con la Generalitat allá donde haya tensiones en el mercado de la vivienda y en luchar contra el turismo de masas". "Pero es necesario asegurar que las nuevas normas son efectivas para todos y consiguen sus objetivos sin dañar a los ciudadanos de a pie", matiza.

Airbnb solicita al ejecutivo catalán que "primero lleve a cabo una evaluación de impacto de las normas turísticas existentes, que se han modificado cada año durante los últimos cuatro años".

Al tiempo, pide "una consulta pública que incluya a todos los agentes de esta actividad para escuchar sus perspectivas sobre las medidas propuestas".

"Es vital comprender qué han logrado las diferentes normativas antes de introducir nuevas restricciones, cómo pueden funcionar las nuevas medidas y cuál será el impacto en cada uno de los municipios afectados y sobre las familias catalanas que comparten su hogar", añade