El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en dos casos similares en contra de la obligatoriedad de compartir dichos datos
La Audiencia Nacional solicita a la SEPI detalles del préstamo a Ávoris
La compañía turística ya saldó la totalidad de la cantidad adeudada, 230 M €
Publicada 07/05/25 21:26h
La Audiencia Nacional ha acordado que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) facilite los detalles sobre el rescate de 320 millones que recibió Ávoris, la división de viajes del Grupo Barceló, dentro de las ayudas a empresas estratégicas con dificultades financieras provocadas por la pandemia. Como informó este diario, el Grupo Barceló firmó la amortización anticipada del crédito de 320 millones de euros que mantenía con la Sepi, en diciembre de 2022, convirtiéndose en la primera compañía en devolver el préstamo, algo que luego hicieron también otras empresas del sector con la reactivación de la actividad turística.
En una sentencia fechada el pasado 11 de marzo a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso desestima el recurso presentado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública contra un fallo de mayo de 2023 del juzgado central de lo contencioso administrativo nº 3 de Madrid.
El fallo ha sido recurrido en casación por la SEPI, que se basa en la normativa del Fondo de Ayuda a Empresas Estratégicas, que establece que los datos, documentos e informaciones relativas a las operaciones tienen carácter reservado.
Asimismo, fuentes de la SEPI recuerdan que existe la obligación a guardar secreto los auditores de cuentas, asesores legales y demás expertos independientes designados; se trata de información sensible para las compañías y respecto a sus competidores que exige el carácter reservado de la información.
El propio Tribunal Supremo, afirma la SEPI, se ha pronunciado ya anteriormente en dos ocasiones, en febrero de 2022, avalando la negativa de la SEPI a dar detalles de los rescates de Air europa y Duro Felguera
En el presente caso, la Administración había recurrido la decisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que en julio de 2022 instó a la SEPI a facilitar los detalles y condiciones de la ayuda concedida a la empresa, que ascendió a 320 millones de euros, tras haberlo pedido la empresa Gilfer.
La Audiencia entiende que la información y documentos solicitados, que forman parte de la resolución del Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas que concedió la ayuda, no constituyen el expediente completo, y no llega a concretarse "cuáles sean los daños y perjuicio que podrían originarse con la entrega de la información.
En todo caso, añade la sentencia, "la balanza habría de caer del lado del interés público de conocer la información del uso del dinero público frente a los eventuales intereses de una sociedad que no se evidencian".
Tampoco se entiende, prosigue el texto, que el hecho de que las empresas se acogieran a las medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo por el impacto en la economía que tuvo la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 "pueda causar un perjuicio para la política económica del Estado", como alegaba el Ministerio de Hacienda.
La política económica es el conjunto de políticas, medidas e instrumentos que el Estado utiliza para controlar el crecimiento económico y la estabilidad, y no se comprende en qué aspecto concreto de la política económica de España "podría incidir facilitar la información".
Por lo que respecta a la información que debe ser suministrada, "con limitación de los datos que contengan información sensible para la empresa subvencionada, la Audiencia destaca que es a la SEPI a la que corresponde, "ponderando el interés público", evaluar dicha petición y ocultar los detalles que sean "sensibles para Ávoris".
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