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Empresarios de Baleares rechazan la ley del uso del catalán en los comercios por ser negativa para el sector

29 agosto, 2007
La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha rechazado la aplicación de la ley que determina el uso del catalán en los comercios de las Islas por entender que la normalización lingüística debe mantenerse "fuera de la dinámica normal de funcionamiento" de las empresas. En su opinión, "deben tenerse en cuenta las especiales características que la actividad turística, predominante en las Islas y auténtico motor de crecimiento económico y principal generador de empleo y riqueza".
La CAEB apoya, en un comunicado, la postura contraria a esa normativa expresada por la Federación de Comercio de las Islas Baleares (Afedeco) y sostiene que se debe evitar "la adopción de medidas que suponga añadir nuevos costes económicos y operativos que reduzcan la competitividad del tejido empresarial de las islas". Los consumidores de Ibiza creen es un debate ficticio Por su parte La Unión de Consumidores de Ibiza (UCE) ha asegurado que los consumidores y usuarios de las Islas Pitiusas no plantean ningún problema con la lengua usada en sus transacciones comerciales, por lo que, a su juicio, se está generando un "debate ficticio" en torno al comercio y a la lengua, que "no afecta para nada al consumidor". Para emitir esta opinión, esta organización, que vela por la defensa de los derechos de los consumidores, se basa en que nunca ha recibido una reclamación por vulneración de los "derechos lingüísticos" de sus asociados, ni tampoco de aquellos usuarios no afiliados, cuyas consultas son desviadas a las Conselleria de Consumo cuando derivan en reclamaciones. La Ley del Comercio La Ley del Comercio establece en el capítulo dedicado a los 'Derechos Lingüísticos' de los consumidores la obligación de que la rotulación, tanto exterior como interior, de todos los comercios de Baleares debe estar redactada "al menos, en catalán". Además, las tiendas que tengan una plantilla de más de tres personas deben estar en condiciones de atender en cualquiera de las dos lenguas co-oficiales de la Comunidad que elija el cliente. La norma impone multas que oscilan entre los 1.500 y los 15.000 euros a los establecimientos que no acaten estas medidas lingüísticas. Rocío Noriega (actualidad@hosteltur.com)

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