El sector de la Hostelería fue el más sancionado en 2000 por la contratación ilegal de inmigrantes

El sector de la Hostelería recibió 1.547 sanciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la contratación ilegal de inmigrantes en 2000, lo que le convirtió en el sector más sancionado por este motivo, según informó el Ministerio de Trabajo y Servicios Sociales.

El sector de la Hostelería recibió 1.547 sanciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la contratación ilegal de inmigrantes en 2000, lo que le convirtió en el sector más sancionado por este motivo, según informó el Ministerio de Trabajo y Servicios Sociales. Así, el sector hostelero recibió el 36,59 por ciento de las 4.229 infracciones registradas durante el año 2000, principalmente, en Madrid, Murcia, Barcelona, Cádiz, Alicante y Málaga. Le siguen los sectores de la construcción, con el 20,17 por ciento de las infracciones; y el de Agricultura (12,31 por ciento). De esta forma, el sector de la Hostelería tuvo que pagar unos 800 millones de pesetas por estas sanciones, lo que representa el 33,7 por ciento del importe total de estas sanciones en 2000 (2.365 millones de pesetas). Estas actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se realizan en el contexto de la lucha contra la denominada "economía sumergida". "En los últimos años se viene comprobando la existencia de bolsas de fraude en las que la irregularidad predominante es la contratación de mano de obra extranjera carente de permiso de trabajo", destacan las mismas fuentes. Las actuaciones de inspección se realizaron en su mayoría mediante visitas a las empresas y centros de trabajo, ya que el control de empleo precisa de la comprobación 'in situ' de la prestación del servicio. Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene previsto realizar un plan de acción en las provincias de Jaén, Granada, Las Palmas, Alicante, Valencia, Huelva, Cáceres, Zaragoza, Almería y Murcia. El régimen sancionador que entrará en vigor con la nueva Ley de Extranjería contemplará, además de sanciones de entre 1 y 10 millones de pesetas por cada inmigrante contratado de forma ilegal, la clausura del establecimiento. 

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