El Tribunal Superior investiga la adjudicación de los autobuses turísticos

Los tribunales han irrumpido con fuerza en la polémica adjudicación municipal de la línea de autobuses turísticos a Trapsa-Julià. Como ya informó este periódico, dos de las empresas excluidas tenían previsto presentar sendos recursos judiciales contra la licitación municipal. Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acaba de admitir a trámite una de ellas, que pide la suspensión cautelar del concurso. En los próximos días, el juez deberá decidir si el Ayuntamiento puede seguir adelante o no con la adjudicación, ya que tiene previsto que los nuevos vehículos sustituyan a las cinco empresas que todavía recorren la ciudad después de San Isidro. La Sala Tercera de lo Contencioso ha requerido ya al Consistorio todo el expediente de adjudicación y se reserva el derecho de adoptar la medida cautelar solicitada por Autocares Villa de Madrid (titulares de los vehículos amarillos que circulan bajo el nombre de SolOpentours). Esta empresa considera que la adjudicación fue ilegal porque se incumplió la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Reglamento General de Contratos del Estado y el propio pliego de condiciones. Según el Consistorio, sin embargo, la adjudicación fue perfectamente legal y cuenta con el visto bueno del secretario general y del interventor del Ayuntamiento. El negocio de los autobuses turísticos mueve en Madrid más de 1.000 millones depesetas al año, según las empresas que optaban a gestionarlos. El pasado diciembre, el pleno aprobó que se adjudicaran a la unión temporal de empresas que formaban Julià, Trapsa, Travel Bus, Pullmantur y Trapsatur. Las dudas sobre presuntas irregularidades en algunas de las ofertas las despejó el secretario general del Ayuntamiento, Paulino Martín, según explicó el edil de Movilidad, Sigfrido Herráez. Pero dos de las empresas que se quedaron fuera, Autocares Villa de Madrid y Continental, no se conforman y anunciaron la presentación de recursos. Según explicó el gerente de la primera, Fernando Martín, «los plazos para recurrir ante el propio Ayuntamiento se nos agotaron por la lentitud en darnos a conocer el expediente completo, dejándonos sin derecho a defendernos». Por eso, decidieron acudir a los tribunales. El pasado abril, el Tribunal Superior admitió a trámite el recurso y comenzó a investigar las irregularidades denunciadas. Según la denuncia, en el concurso se admitió a licitadores que no acreditaron tener las condiciones exigidas en el pliego. Por ejemplo, varias empresas carecen de la antigüedad de cinco años como sociedades de transporte, como demuestra documentación en poder de este periódico. Es el caso de Tourist Bus, Sevirama y City Sightseeing España (las tres siguen circulando en la actualidad por el centro de la capital). Además, según los denunciantes, se ha incumplido la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que señala que «en las licitaciones, cada licitador no podrá presentar más de una proposición ni en unión temporal ni en solitario». Campanevado presentaba oferta y es una empresa del Grupo Julià, que ha sido la adjudicataria en UTE con Trapsa. Esa información constaba en la propia página web del Grupo. Cuando EL MUNDO informó de este extremo, Julià sacó a su filial de su sitio en Internet. Por ello, Autocares Villa de Madrid pide la suspensión de la adjudicación porque lo contrario «produciría daños y perjuicios irreparables». La empresa tiene 50 trabajadores en sus líneas actuales que, según el Ayuntamiento, deben dejar de prestar servicio antes del 15 de mayo. ( Luis Ángel Sanz, diario El Mundo, 02/05/01)