El gobierno español incorpora Trasmediterránea a la SEPI para iniciar el proceso de privatización

El Consejo de Ministros de España acordó el viernes incorporar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) los títulos representativos del capital de la naviera Trasmediterránea, adscrita a la Dirección General de Patrimonio del Estado, con el objetivo de abordar el proceso de privatización de esta compañía. Según informaron fuentes de la naviera, aún no se ha elegido el método de privatización de la compañía, cuya valoración se sitúa por encima de los 50.000 millones de pesetas, según analistas, que indicaron que la naviera se está revalorizando debido al plan de renovación de su flota, en el que ha invertido entorno a 60.000 millones de pesetas. El Ejecutivo acordó, además del traspaso de la naviera, el de ocho empresas públicas más. Este es el primer acuerdo que se produce después de que el Parlamento modificara la Ley de Patrimonio, con el fin de permitir al Gobierno trasladar participaciones públicas en sociedades de Patrimonio a SEPI y viceversa. En concreto, esta otras empresas afectadas son la Agencia EFE, Alimentos y Aceites, Compañía Española de Tabaco en Rama, Empresa para la Gestión de Residuos Industriales, Empresa Nacional de Autopistas, Expasa (Agricultura y Ganadería), Minas de Almadén y Arrayanes, y Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales (SEPPa). Además, el Gobierno acordó transferir a SEPI las participaciones minoritarias que la Dirección General de Patrimonio tiene en Axis (Sociedad de Capital Riesgo) y en BEX Cartera (Sociedad de Inversión Inmobiliaria). De este modo, se incorporan al holding presidido por Pedro Ferreras sociedades que deben abordar procesos de reestructuración o ser privatizadas, "aprovechando la experiencia de SEPI en estas situaciones". Además, el Ejecutivo quiere configurar Patrimonio como propietario de participaciones de empresas instrumentales que ejecutan políticas públicas. Este nuevo paquete de reformas de la empresa pública, que dirige y lleva a cabo el Ministerio de Hacienda, supone "impulsar la política de privatizaciones y los profundos procesos de liberalización que caracterizaron la pasada legislatura, así como una política de reestructuración empresarial que optimice la utilización de los recursos disponibles en SEPI y en Patrimonio".