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Edición España. Barcelona

Grupos anti-Airbnb comienzan a ocupar pisos turísticos ilegales

Se hicieron pasar por turistas y denunciaron el caso al Ayuntamiento 28 septiembre, 2016
  • La vivienda en cuestión "es propiedad de una persona que posee y alquila de este modo 12 pisos por toda Barcelona”
  • “Airbnb no está proponiendo ningún modelo de economía colaborativa, sino de economía especulativa", dicen los activistas
  • El Ayuntamiento de Barcelona podría imponer una multa de 600.000 euros a Airbnb

Un grupo de activistas de Barcelona, vinculados a las entidades Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible y Ciutat Vella no está en venta se hicieron pasar por turistas, reservando un piso turístico ilegal a través de la plataforma Airbnb, para posteriormente acceder a la propiedad, desplegar pancartas de protesta en el balcón y denunciar el caso ante el Ayuntamiento.

Según han informado las propias entidades a través de su blog, la vivienda “es propiedad de una persona que posee y alquila de este modo 12 pisos por toda Barcelona”.

“El objetivo de esta acción ha sido denunciar a nivel público los nefastos efectos de la proliferación de pisos turísticos en la ciudad y la complicidad e impunidad e Airbnb”, según informan las citadas entidades sociales.

Dichos efectos son "desplazamiento del natural uso residencial de la vivienda hacia usos especulativos y turísticos; reducción del parque de viviendas e hiper-inflación del mercado de alquiler; en definitiva, la expulsión de los vecinos".

Además, aseguran que reservaron el piso a través de la propia web de Airbnb “para desmontar también su mito de economía colaborativa”.

Para llevar a cabo esta acción, los activistas escogieron un edificio “donde sólo hay pisos turísticos ilegales” en el barrio Gótico, una finca “vaciada” de vecinos un año antes.

Una vez hecha la reserva, dentro de la vivienda y con las llaves en la mano, los activistas llamaron a los servicios de Inspección del Ayuntamiento de Barcelona (que certificaron la falta de licencia turística de la finca), desplegaron pancartas de protesta y al cabo de hora y media marcharon del edificio.

Los activistas aseguran que "no nos quedaremos de brazos cruzados" ante el fenómeno de los pisos turísticos ilegales, por lo que no se pueden descartar nuevas acciones de ocupación similares.

Pancarta desplegada por los activistas en el piso turísticoPancarta desplegada por los activistas en el piso turístico

Duras críticas

Según denuncian los activistas “Airbnb sabe qué pisos tienen licencia y cuáles no, pero prefiere no hacer distinciones con tal de explotarlos todos, aumentando así su beneficio”.

Además, según señalan las citadas entidades que han llevado a cabo la acción de protesta, “Airbnb da instrucciones a los ‘anfitriones’ para evitar las inspecciones y éstos las trasladan a quienes reservan los alojamientos ilegales”.

Las entidades denuncian que “Airbnb no está proponiendo ningún modelo de economía colaborativa, sino de economía especulativa, ya que se está lucrando brutalmente a base de incrementar las rentas inmobiliarias de grandes propietarios”.

Por último, acusan a Airbnb de “pretender” que el perfil de “anfitrión” corresponde al de una persona con dificultades para llegar a final de mes o pagar la hipoteca, “pero la gran mayoría de anuncios corresponde a grandes propietarios”.

Los datos de Airbnb

La compañía estadounidense se defiende de las críticas que habitualmente recibe asegurando que generó un impacto económico de 740 millones de euros en Barcelona en 2015.

"En Barcelona el 73% de los anfitriones tiene sólo un anuncio. El anfitrión típico de Barcelona tiene 38 años e ingresa 5.100 euros por ejercicio hospedando a viajeros unas 58 noches al año", sostiene la empresa.

Según Airbnb, "siete de cada diez anuncios se alquila por menos de 90 días al año, lo que sugiere que la gran mayoría de anfitriones está compartiendo su residencia principal para ganar un dinero extra o como complemento a sus ingresos regulares, pero no se trata de profesionales dedicados en exclusiva al alojamiento vacacional”.

Cambio de normativa

Cabe recordar que Airbnb comercializa desde viviendas enteras hasta habitaciones en casas compartidas, pero esta última modalidad no está regulada en Cataluña.

No obstante, la Generalitat prepara una nueva normativa que legalizaría también el alquiler de habitaciones en viviendas de uso turístico.

De este modo, se define una nueva modalidad de alojamiento turístico como "vivienda que es domicilio habitual y permanente de su titular y que se cede por habitaciones a terceras personas, de manera reiterada y a cambio de contraprestación económica, para una estancia de temporada, en condiciones de inmediata disponibilidad y con las características establecidas por reglamento".

Ver también Airbnb se frota las manos: Cataluña legalizará el alquiler de habitaciones

Carteles anti-Airbnb desplegados por los activistas.Carteles anti-Airbnb desplegados por los activistas.

Medidas del Ayuntamiento

Sólo durante los meses de julio y agosto, el Ayuntamiento de Barcelona ha emitido órdenes de cese para 615 pisos turísticos ilegales.

Estas órdenes de cierre forman parte de un plan de choque contra las viviendas turísticas ilegales, que cuenta con un equipo de 20 personas que se encargan de comprobar in situ si se está llevando a cabo una actividad ilegal en pisos turísticos concretos, entrevistando a turistas y vecinos.

De acuerdo con la normativa catalana, los pisos turísticos necesitan estar inscritos en el Registro de Turismo de Cataluña (RTC). Sólo en Barcelona, hay cerca de 9.500 viviendas que cuentan con dicha licencia RTC.

Sin embargo, resulta que Airbnb tiene en estos momentos una oferta activa de 16.700 apartamentos en Barcelona (que suman 59.614 camas), según un recuento llevado a cabo por la empresa inAtlas.

Fuente: inAtasFuente: inAtas

Multas a Airbnb y HomeAway

De hecho, el ayuntamiento de Barcelona ha abierto expediente sancionador a las plataformas Airbnb y HomeAway por anunciar pisos que no disponen de número de licencia y no facilitar sus datos a las autoridades, con multas de 30.000 euros para cada compañía.

Según informa el gobierno municipal, "estos dos portales se rastrearon con una herramienta informática y se detectó que son los que contienen un mayor número de anuncios ilegales". Ver también Roma, París, Barcelona... ¿hartas del turismo?

"Si se comprueba que continúan publicitando pisos sin número de licencia, se les pedirá de nuevo que colaboren con la administración y que retiren los anuncios. Si no lo hacen, se abrirá un nuevo expediente sancionador por una infracción muy grave de hasta 600.000 euros", concluye el Ayuntamiento de Barcelona.


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