Irregularidades en la auditoría

El aeropuerto de Castellón, en "causa de disolución" legal

Posee un inmovilizado de 129 M € sin asegurar

Publicada 31/08/11 -Actualizada 15/07/18 23:22h
El aeropuerto de Castellón, en "causa de disolución" legal

La auditoría de la Cuenta General de la Generalitat Valenciana de 2010 refleja que el  aeropuerto de Castellón, que pertenece a la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) de la cual la Generalitat es accionista único, se encuentra en situación de "causa de disolución" legal, al disponer de un patrimonio neto que se halla por debajo del 50% del capital social. Además, el aeropuerto tiene un inmovilizado de 129 millones de euros sin asegurar.

El aeropuerto de Castellón fue inaugurado el 25 de marzo, pero no se prevé que entre en funcionamiento hasta finales de año. La auditoría de la Cuenta General de la Generalitat Valenciada de 2010 refleja la situación financieramente precaria que sufre la entidad, perteneciente al grupo Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV). También han quedado patentes algunas irregularidades importantes.

La auditoría deja claro que la entidad presenta un Patrimonio Neto por importe de 22.278.416,39 euros, una cifra que se encuentra por debajo del 50% del total del capital social. Esta es una de las causas de disolución relacionadas en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital. Por tanto, el aeropuerto "necesita el apoyo financiero de los socios, en particular de la Generalitat Valenciana, para continuar con su actividad", asevera el documento.

También se ha conocido que el aeropuerto tenía a fecha de cierre de dicho ejercicio 2010 un inmovilizado --elementos patrimoniales tangibles, muebles o inmuebles-- por valor de 129 millones de euros, sin que se hubiera formalizado contrato de seguro que cubriera este material.

Otro de los aspectos que destaca el informe es que la entidad, perteneciente al grupo Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), "no ha formalizado un contrato de subarrendo de local de negocio".

Situación complicada de la SPTCV

En cuanto SPTCV, el informe de auditoría recogido por Europa Press, asegura con fecha 9 de junio de 2011 que la entidad seguirá en causa de disolución si no se adoptan "otras medidas adicionales", además de las dos ampliaciones de capital realizadas por la Generalitat, --que según los administradores permitirán reestablecer su equilibrio financiero y patrimonial--, según se refleja en el documento, recogido en la Cuenta General de 2010 de la Generalitat.

La SPTCV estaba a fecha de 31 de diciembre de 2010 incursa en el supuesto legal de disolución por pérdidas que dejan reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social. La Generalitat, como accionista único, en 2010 hizo una ampliación de capital por 84,2 millones de euros --de los que a final de año estaban pendientes de desembolsar 16,6--, y llevó a cabo otro por valor de 91 millones de euros en abril de 2011.

Así, señala que el desarrollo futuro de las operaciones de la sociedad y la realización de los activos y liquidación de los pasivos por los valores y plazos reflejados en el balance de situación estarán sujetos al apoyo financiero del Consell.

En el documento se especifica que el informe de auditoría no ha incluido el examen de las cuentas anuales del ejercicio 2010 de las sociedades participadas Ciudad de la Luz, Aeropuerto de Castellón y Terra Mítica, revisadas por sus auditores, por lo que la opinión se basa en esos informes. Además, recoge que los administradores de la sociedad han susbanado errores de otros años, cuyo efecto total ha supuesto un aumento de los resultados negativos de ejercicios anteriores de 22,7 millones de euros.

A fecha de 31 de diciembre de 2010, SPTCV mantenía diversas cuentas a cobrar por créditos concedidos al parque temático de Benidorm (Alicante) Terra Mítica, por importe de 49,9 millones de euros. El informe indica la existencia de una "incertidumbre significativa" sobre la capacidad de la compañía para continuar sus operaciones, "lo que pone de manifiesto la existencia de indicios de deterioro por dudosa cobrabilidad de los importes pendientes".

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