Diario 5909 01.06.2020 | 19:24
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Edición España. Competencia aprueba los acuerdos entre Adif y Renfe, Ilsa y Rielsfera

Luz verde a los tratos con los operadores privados de AVE, en plena alarma

La CNMC considera injustificado que el acuerdo con Renfe se extienda durante 10 años 8 abril, 2020

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado en pleno estado de alarma por el coronavirus las resoluciones sobre los acuerdos marco entre Adif Alta Velocidad y Renfe, ILSA (Air Nostrum) y Rielsfera para la reserva de capacidad adjudicada a cada uno de los operadores de AVE en el marco de la liberalización del transporte ferroviario de pasajeros que entra en vigor a partir de diciembre de este año y supondrá la entrada de competidores de Renfe que ofrecerán sus servicios a pasajeros y un incremento progresivo de la actividad, estimado en alrededor del 50%.

Para ello, Adif Alta Velocidad, el gestor de la infraestructura ferroviaria en España, debe adjudicar capacidad en la red (vías, acceso a las estaciones y otros servicios, etc.) para que las nuevas empresas interesadas en entrar en el mercado español puedan operar sus trenes en los corredores ferroviarios de Madrid/Barcelona, Madrid/Levante y Madrid/Sur.

"Durante ese proceso, las empresas candidatas deben presentar sus ofertas a ADIF (AV) que adjudicará la capacidad de red de acuerdo con una serie de criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, fijados en la Ley del Sector Ferroviario", señala en su informe la CNMC, organismo encargado de supervisar que la adjudicación cumple con los requisitos legales.

Capacidad disponible insuficiente

A finales del año pasado, seis candidatos solicitaron capacidad a ADIF AV para prestar los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril: Renfe, Eagle Rail, Rielsfera, Motion Rail, Eco Rail e ILSA, de acuerdo con la declaración sobre la Red de Adif Alta Velocidad.

El total de peticiones superó con mucho la capacidad disponible, por lo que ADIF Alta Velocidad aplicó criterios de priorización en función del uso de los paquetes establecidos (A, B y C, con el 65%, 30% y 5% de la capacidad total, respectivamente).

La aplicación de estos criterios tuvo como resultado la pre-adjudicación a Renfe, ILSA y Rielsfera, y en su supervisión la CNMC ha concluido que se han aplicado los mismos criterios para valorar las solicitudes de todos los candidatos.

Acuerdo con Renfe

La CNMC exlica que la normativa establece, en general, que los acuerdos marco tendrán una vigencia máxima de cinco años renovables, salvo que existan contratos comerciales asociados que justifiquen la ampliación del plazo.

En el caso del acuerdo marco con Renfe, se ha ampliado a 10 años, por lo que la CNMC supedita su aprobación a que se limite a cinco años o a que justifique adecuadamente la necesidad de esa prolongación. En su análisis, la CNMC ha visto que Renfe no ha acreditado que necesite incorporar 49 nuevos trenes a su flota actual para los servicios que propone, y que suponen tan solo un ligero incremento de capacidad respecto a los servicios actuales.

Acuerdos con Ilsa y Rielsfera

En cuanto a los acuerdos marco entre ADIF Alta Velocidad e Ilsa y Rielsfera, se consideran acreditadas las inversiones y riesgos que afrontan, y la extensión hasta 10 años renovables. Estos operadores incorporarán 23 y 14 trenes, respectivamente, destinados íntegramente a los corredores ferroviarios adjudicados en el acuerdo marco. Además de la inversión prevista, deberán desarrollar una red comercial y operativa, así como una imagen de marca en el mercado español.

Liberalización y Covid-19

Competencia señala que los operadores privados seleccionados, aun habiendo solicitado la capacidad que realmente necesitan, podrían no cumplir sus peticiones marco por causas ajenas a su voluntad en medio del estado de alarma decretado en el país para gestionar la crisis generada por la epidemia de coronavirus.

El ente regulador recuerda que el artículo 13.3.a) del Reglamento de Ejecución de la Comisión Europea sobre capacidad marco posibilita la modificación del acuerdo marco sin que deban abonarse penalizaciones a los gestores de infraestructuras.


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