Caso Alhambra: Más de 7 M€ y 50.000 entradas sustraídas

En un extenso documento de 236 páginas, al que hoy ha tenido acceso Efe y en el que se ha transformado en procedimiento abreviado las diligencias abiertas, el magistrado Miguel Ángel del Arco incluye una relación alfabética de los imputados y de hechos "indiciarios" que han determinado su inclusión en el auto judicial.

El titular del Juzgado de Instrucción 6 de Granada da ahora un plazo de diez días a las partes personadas para que soliciten la apertura de juicio o el sobreseimiento de la causa. Entre los delitos que se atribuye a los procesados se encuentran los de malversación de caudales públicos, falsedad, coacciones, sustracción de cosa propia a su utilidad cultural y de daños al patrimonio histórico español.

Según el auto, entre los 77 imputados se encuentran controladores de accesos, guías, oficiales y expendedores del Patronato de la Alhambra, además de trabajadores del BBVA, entidad encargada entonces de la venta de las entradas, y de las agencias de viajes de viajes Daraxatour y Washington Irving.

La instrucción ahora cerrada se inició por un atestado de la Policía autonómica de agosto de 2005 en el que se hacía constar que la dirección del Patronato que gestiona la Alhambra había tenido conocimiento de ciertas "irregularidades" en las visitas de turistas.

Estas visitas estaban organizadas y controladas por un determinado grupo de personas, integrados por guías turísticos, que trabajaban para algunas agencias de viajes y por personal laboral del propio Patronato de la Alhambra.

Según este atestado, recogido en el auto, esas personas controlaban prácticamente todas las visitas de grupo a los Palacios Nazaríes y evitarían en unas ocasiones el sistema diseñado por la dirección del Patronato, en connivencia de oficiales y porteros junto a guías de las agencias de viajes. De esta manera dejarían pasar al interior de los palacios a dichos grupos sin ser portadores de la preceptiva entrada y en otras ocasiones dejaban pasar a los grupos que acompañan los guías con más personas de las autorizadas o manipulando los pases.

Según el juez, estas "conductas irregulares" propiciaron un "fraude" en los diferentes momentos que intervienen los distintos imputados, desde la inicial de la reserva o compra de la entrada, en el control de accesos, impresión de entradas, hasta la finalización de la visita. Las conductas dieron lugar a que la ocupación de la Alhambra siempre iba en aumento, la recaudación del Patronato en descenso, al mismo tiempo que los beneficios de las agencias de viajes implicadas también se incrementaban.

Según alguna de las periciales practicadas, por la desaparición e impresión clandestina de billetes el perjuicio económico estimado causado sólo al Patronato fue durante los cuatro años analizados superior a los 7,14 millones de euros y las entradas supuestamente desaparecidas o sustraídas sobrepasaron las 50.900.

En la enumeración del proceder de los imputados, el auto señala que algunos controladores de acceso cobraron en "B" cuantías de hasta 54.000 euros del administrador de una de las empresas turísticas por reservas de entradas y cómo algunas de las sociedades implicadas negociaban con los controladores, a los que pagaron comidas, viajes y alojamientos.