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Edición España. Contempla también una nueva línea de avales ICO

El Gobierno da luz verde al plan de ayudas directas que será de 7.000 M €

Las subvenciones serán gestionadas por las comunidades autónomas 12 marzo, 2021 Premium
  • Baleares y Canarias, por ser las regiones más afectadas por la crisis sanitaria, recibirán 2.000 millones del conjunto de los 7.000 millones
  • Los 5.000 millones restantes irán destinados al resto de comunidades autónomas
  • Además, se dedicarán 3.000 millones de euros a una nueva línea de avales del ICO y 1.000 millones a recapitalizar medianas empresas

El Gobierno ha aprobado hoy, en un Consejo de Ministros extraordinario, el Plan de 11.000 millones de euros anunciado hace unos días por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Finalmente, el 60% de esa cuantía se destinará a ayudas directas, un total de 7.000 millones de euros. De esa cifra, 2.000 millones están reservados para Baleares y Canarias, por ser las regiones más afectadas por la crisis sanitaria, mientras que 5.000 millones irán al resto de comunidades autónomas. Respecto a los 4.000 millones restantes, 3.000 millones se dedicarán a una nueva línea de avales del ICO y 1.000 millones a recapitalizar medianas empresas.

El importe de la ayuda varía en función del tipo de empresa, de manera que los autónomos que cotizan en el régimen de estimación objetiva en el IPRF podrán optar a una cantidad fija de 3.000 euros, mientras que el resto de autónomos y empresas podrán solicitar un rango de entre 4.000 y 200.000 euros.

En cualquier caso, el importe de las ayudas ascenderá a un máximo del 40% de la caída adicional de ingresos sufrida por la pandemia para micropymes y autónomos, mientras que ese porcentaje se reduce al 20% en el caso del resto de empresas.

Las ayudas tienen carácter finalista, de manera que se tienen que utilizar para pagar las deudas contraídas desde marzo de 2020, como pago a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o deuda financiera

La concesión de las ayudas estará ligada al mantenimiento de la actividad hasta junio de 2022, así como a otros requisitos, incluyendo la prohibición de reparto de dividendos y aumento de retribuciones del personal directivo. Las empresas también deberán estar al día del pago de obligaciones tributarias y no operar en paraísos fiscales.

Las ayudas serán gestionadas por las comunidades autónomas y la asignación de los fondos se realizará siguiendo los mismos criterios que los utilizados para el REACT-EU: impacto de la pandemia en la riqueza de la comunidades autónomas, impacto de la crisis en el desempleo e impacto en el desempleo juvenil.

Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes. Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa.

Solvencia empresarial

Por otro lado, el Gobierno ha aprobado también medidas de apoyo a la solvencia empresarial que incluye la prórroga de la suspensión del deber de pedir el concurso de acreedores, que expiraba el próximo domingo.

En noviembre aprobó un real decreto de medidas económicas que, entre otras cosas, ampliaba hasta este mes de marzo la suspensión del deber de pedir el concurso de acreedores, es decir, la moratoria ya existente para que las empresas insolventes declaren concurso de acreedores.

Anteriormente, en abril, debido a la pandemia de coronavirus, el Gobierno ya había llevado dicha moratoria hasta el 31 de diciembre, para hacer frente al previsible incremento de procesos concursales en los juzgados de lo Mercantil.

Ahora, el Gobierno extiende de nuevo la moratoria concursal con el fin de que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo.

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