El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón al Ministerio de Consumo
La Justicia obliga a Airbnb a retirar los primeros 5.800 anuncios ilegales
Anuncios de pisos turísticos en Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco
Publicada 19/06/25 19:23h

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado el recurso presentado por Airbnb para no acatar la orden del Ministerio de Consumo de bloquear en su plataforma los anuncios de alojamientos turísticos que no cumplan la ley, según avanzó HOSTELTUR noticias de turismo en Airbnb: la petición de retirada de anuncios va contra las normas. Consumo había detectado 65.935 anuncios ilegales en la plataforma, solicitando su retirada en tres comunicaciones.
El auto del Tribunal Superior se pronuncia sobre la primera comunicación, en la que se requería a Airbnb el bloqueo de 5.800 anuncios ilegales, que fue recurrida y que ahora resuelve con la confirmación de que deben ser retirados.
“Hemos vuelto a ganar en los tribunales y, por tanto, Airbnb deberá proceder a la retirada inmediata de los anuncios ilegales”, ha destacado el ministro Pablo Bustinduy
Y es que, según ha asegurado, “ninguna empresa puede estar por encima de la ley, deben cumplir con la legislación vigente. Y esto es especialmente importante en materia de vivienda, donde hay un puñado de empresas de fondos de inversión de grandes plataformas que se están lucrando a costa de cercenar el derecho constitucional a la vivienda de millones de familias en nuestro país”.

Los anuncios sobre los que se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no incluyen el número de licencia o registro para operar como alojamientos turísticos, algo que es obligatorio en diferentes normativas autonómicas y que supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada. También pueden incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades o no indicar la naturaleza jurídica de los arrendadores.
“El Ministerio de Consumo se va a asegurar en el ejercicio de sus competencias de que quien viola la ley en nuestro país lo pague”, ha concluido Bustinduy
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