El fenómeno del alojamiento privado

Las viviendas turísticas provocan un acalorado debate en Baleares

Publicada 14/11/14
Las viviendas turísticas provocan un acalorado debate en Baleares

La controversia en torno a la oferta alojativa que suponen las viviendas vacacionales arrendadas por particulares y el enfrentamiento entre los que consideran que debe ser permitida y en todo caso regulada y los que la consideran una oferta ilegal y economía sumergida se puso en evidencia con la acalorada polémica que se generó en la jornada de debate convocada por la Universidad de Islas Baleares (UIB) sobre el fenómeno de alquileres privados a turistas y su regulación, encuentro que contó con lleno total.

Hablan los profesionales y juristas

En el debate de la UIB participaron los profesores Maciá Blázquez, Juan Franch y José Francisco Ribas, quienes ofrecieron una panorámica del fenómeno, resaltando las contradicciones y lagunas normativas en la legislación actual que dificultan la regularización de esta oferta alojativa en Baleares.

En concreto, el profesor Macià Blázquez, del Departamento de Ciencias de la Tierra de la UIB, abordó el tema de los efectos sobre los recursos y el territorio del turismo alojado en viviendas y pisos; mientras que el abogado Juan Franch Fluxà, profesor de Derecho Mercantil en la UIB y experto en contratación turística, hizo referencia las controversias legales sobre el alquiler de viviendas a turistas.

Según estimaciones del sector, ya que al tratarse de una actividad sumergida no hay cifras oficiales reales, se calcula que en Baleares la cifra podría oscilar entre 50.000 y 80.000 viviendas.

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El profesor Franch Fluxà considera que el mercado va mucho más rápido que las leyes, por lo que éstas se han convertido en una herramienta inútil para la regulación y regularización del fenómeno de las viviendas de uso turístico.

En Baleares rige la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que permite alquilar por temporadas, un día o semanas, cualquier apartamento, sea unifamiliar o plurifamiliar, a cualquier persona, incluyendo turistas, pero la Ley de Turismo 8/2012 no permite la comercialización de estos alquileres en los portales de oferta turística, salvo que se trate de chalets o viviendas unifamiliares que estén registradas, estableciéndose sanciones tanto para el portal como para los propietarios de los pisos en edificaciones plurifamiliares.

A juicio de Franch Fluxà, esto no ha hecho más que sumir un sector de naturaleza turística en la inseguridad jurídica. "El problema que plantea la LAU es que es un diseño de contratación que no satisface la demanda turística y tiene unas condiciones que no encajan cuando se está arrendando a un turista" como la fijación de fianzas o los derechos de adquisición preferente. Considera que no se puede negar la naturaleza turística de este fenómeno. “Hay que reconducirlo a la legislación turística de las comunidades autónomas catalogándolo como otro tipo de alojamiento turístico”.

En su criterio, “la solución es incluir dentro del catálogo de viviendas turísticas las unidades de alojamientos plurifamiliares con una legislación en la que se corrijan los errores y defectos detectados en la regulación catalana, estableciendo requisitos que se considere y que puedan ser comercializados como alquileres turísticos en portales turísticos. No se puede quitar la naturaleza turística a este fenómeno en torno a viviendas que tienen vocación turística ni dar la espalda a una actividad económica sumergida impidiendo que ser pueda insertar en el modelo turístico”, ha puntualizado Franch Fluxà.

Se caldean los ánimos

Varios de los participantes, entre propietarios de viviendas de uso turístico y representantes del sector inmobiliario, expresaron estar de acuerdo con la regulación y afirmaron que el lobby hotelero no había permitido que en Baleares se regule la vivienda turística. "En Baleares se han establecido exclusiones y no soluciones”.

Consideran que la legislación debe permitir el arrendamiento de pisos plurifamiliares a turistas y su libre comercialización, mientras no se degrade la oferta turística de la isla y haya transparencia con el cliente, “pero las islas deben disponer de este tipo de oferta porque la demanda un perfil de turista que viene específicamente a este tipo de alojamiento y que, de no ofrecérselo, se irá a otros destinos. Se trata de socializar los ingresos por turismo”.

La experiencia catalana

La consejera de Turismo de Cataluña, Marian Muro, expuso los aspectos fundamentales de la experiencia en esa comunidad para regular y regularizar este tipo de alojamiento e insertarlo en la oferta turística. Apuntó que “el fenómeno de las viviendas turísticas no está resuelto en España, en Europa ni en el mundo. Muro coincide en que la oferta de viviendas turísticas no puede ser estigmatizada como perjudicial a un destino y que, efectivamente, responden a la demanda de un tipo turista al que no le interesa ir a un hotel, a un albergue o a un camping”.

En Cataluña se ha creado la figura de vivienda de uso turístico, con unas determinadas condiciones y un registro, cuyo número debe ser incluido en su promoción en portales de comercialización, lo que permite identificar al que no está regularizado y abrirle un expediente sancionador. Existen dos limitaciones a la actividad: lo que imponga cada municipio de acuerdo con su propio plan de usos de su territorio y la comunidad de propietarios. En la actualidad, en Cataluña hay 250.000 viviendas de uso turístico regularizadas que suponen alrededor del 40% de las que se calcula que existen. Unas 12.000 se ubican en Barcelona “y las vamos a categorizar y promocionar como una oferta de calidad”.

Mesa redonda

El debate cerró con una mesa redonda integrada por el consejero de Turismo y Deportes de las Islas Baleares, Jaime Martínez; la vicepresidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Inmaculada de Benito; y el presidente de Fevitur, Pablo Zubicaray.

Martínez insistió en que en Baleares se podía arrendar todo tipo de viviendas y por el tiempo que se quisiera a través de las dos leyes que rigen la materia de alquileres, sin entrar a considerar las contradicciones señaladas, y reiteró las cifras de viviendas de uso turístico registradas. El alquiler vacacional supone el 20% de la oferta alojativa de Baleares.

Apuntó que el número de viviendas vacacionales registradas se ha duplicado, pasando de 5.000 a 10.000 desde 2012, el año en el que se aprobó la Ley de Turismo, en la que se han ampliado las tipologías de alquileres a adosados y casas rurales, salvo las plurifamiliares.

De Benito hizo referencia a cómo el fenómeno ha incidido reduciendo el gasto turístico y que, entre los años 2000 y 2012, ha aumentado el número de llegadas en más de 10 millones de turistas pero con el mismo nivel de ingresos, reduciéndose la rentabilidad del sector hotelero. Describió un modelo turístico poco rentable, de reducida calidad, menor gasto turístico y peor calidad de empleo de permitir que continúe proliferando el fenómeno de las viviendas de uso turístico y “se elimina el equilibrio entre la oferta residencial y la turística en la que se basa el modelo turístico de Baleares”.

Por su parte, Zubicaray destacó que los datos más recientes indican que el 26% de los turistas que llegan a las Islas Baleares viene a este tipo de alojamiento, “una proporción que si se traslada a la cifra de 15 millones de turistas que recibe el archipiélago, estaríamos hablando de casi cuatro millones de turistas que se irían a otro destino que disponga de esta oferta alojativa”. Solicitó al consejero de Turismo de Baleares hacer las rectificaciones del caso en la Ley de Turismo y en la LAU, de forma de permitir a los pisos en edificaciones plurifamiliares su comercialización en los portales turísticos, considerando que con ello se estaría adecuando la normativa a la realidad de la industria y del turismo, “y el turismo es de todos, no sólo de un sector”, puntualizó.

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