El Tribunal Constitucional de Bolivia aplaza la intervención estatal en LAB

La acción, que no interrumpió los vuelos de la compañía, se inició en las primeras horas de la mañana en la ciudad de Cochabamba, donde LAB tiene su base de operaciones, según confirmó a Efe el gerente de Finanzas, Carlos de Marchi. El secretario de Conflictos de la Asociación de Pilotos, Fernando Machicao, declaró que la medida está dirigida a "defender lo decidido por la Superintendencia de Transportes", que dispuso la intervención de la aerolínea el 9 de febrero, por orden del Gobierno nacional. El Tribunal Constitucional suspendió parcialmente las atribuciones del interventor mientras estudia un recurso de nulidad planteado por los ejecutivos del LAB contra medidas que consideran perjudiciales al plan de reactivación. Machicao sostuvo que los pilotos "no permitirán que un fallo judicial perjudique a una línea que está tratando de restablecerse" de la aguda crisis que le afecta desde hace varios años. En las puertas de las oficinas, los trabajadores colgaron una cuerda con la amenaza de aplicar la "justicia comunitaria" a los "impostores" y "ladrones" que causen daño a la compañía. Por su lado, el gerente De Marchi sostuvo que la acción de los pilotos ha provocado un descontrol administrativo y operativo y que los ejecutivos realizan esfuerzos para garantizar la continuidad del itinerario comprometido. En la ciudad de Santa Cruz, en el oriente del país, otro grupo de empleados ocupó las oficinas administrativas. En La Paz, sin embargo, donde está la sede del Gobierno boliviano, las actividades tanto administrativas como operativas se desarrollaron normalmente. La crisis de LAB, una de las aerolíneas más antiguas de América Latina, se centra en una deuda global de aproximadamente 35 millones de dólares (29 millones de euros) por obligaciones pendientes al seguro social de los trabajadores, por alquiler de aviones y por compra de combustible, entre otras. De Marchi también confirmó que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo canceló la afiliación de la aerolínea boliviana a la cámara de compensación de billetes (denominado en inglés "clearing house"), porque LAB le debe 600.000 dólares (casi 500.000 euros). Los pilotos culpan de la crisis al presidente del directorio, Ernesto Asbún, quien es propietario del 50,4% de las acciones y desde 2002 impulsó un periodo de recuperación en el que dio prioridad a las operaciones antes que a las obligaciones sociales. Asbún compró su participación de la Viacao Aérea San Paulo (VASP), empresa brasileña que gestionó LAB entre 1996 y 2001.