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Varig rechaza la ayuda pública mientras crecen sus deudas

26 abril, 2006
Los administradores de la agonizante aerolínea brasileña Varig afirmaron ayer que no buscan dinero público para salir a flote, mientras la deuda de la empresa aumenta aceleradamente a la espera de un inversor privado. Durante una audiencia pública en el Senado en la capital federal, Brasilia, quedó patente que la empresa depende ahora de un socio fiable y de más paciencia de los acreedores.
El representante de los trabajadores del Grupo Varig, Marcio Marsillac, ratificó que la fuerza laboral acepta reducir sus salarios en un 30%, despedir a 2.900 trabajadores hasta diciembre y usar ahorros del fondo de previsión social. Estas medidas reportarían 100 millones de dólares (80,5 millones de euros) que serían en parte utilizados para recuperar 10 de las 20 aeronaves de la aerolínea que se encuentran hoy paradas por falta de mantenimiento, dijo Marsillac, según la Agencia Senado, la oficial del Congreso. "Eso crearía un círculo virtuoso de aumento de la facturación e ingreso neto para la empresa", afirmó. La situación de Varig fue discutida por cuatro comisiones del Senado, incluyendo las de Servicios y Asuntos Sociales. Marsillac pidió una "acción urgente" del Gobierno para recuperar a la compañía, que tiene paralizada la mitad de su patrimonio y ha reducido sus vuelos. Pero el gerente general de la firma consultora Álvarez y Marsal, Marcelo Gomes, aclaró que Varig no está solicitando dinero público y que espera recuperarse gracias a su propio plan, en el marco de la Ley de quiebras vigente. "Estamos trabajando una solución de mercado para Varig porque la empresa es viable financieramente", aseguró Gomes. Álvarez y Marsal ha sido contratada para reestructurar a Varig, mientras fue apartado de la administración el accionista mayoritario, la fundación Ruben Berta, que pertenece a los propios trabajadores. Varig mantiene deudas por unos 3.300 millones de dólares (algo más de 2.650 millones de euros) con diversos acreedores, la mayor parte de ellos entes oficiales como Infraero, la compañía que administra los aeropuertos del país. El presidente de Infraero, José Carlos Pereira, señaló en la misma audiencia que han sido pacientes, pero que la Contraloría nacional podría obligarlo a cobrar a Varig en los próximos días el equivalente a 62 millones de dólares (unos 50 millones de euros) por el uso de los aeropuertos. "Nuestro límite es la ley y ese límite está llegando al borde del precipicio", dijo. Según los entendidos, el cobro compulsivo de Infraero podría significar el jaque mate para Varig. La aerolínea le debe a Infraero otros 180 millones de dólares (145 millones de euros) equivalentes negociados dentro del plan de recuperación judicial. Mientras las partes interesadas discuten el cuadro actual, las acciones de Varig subieron ayer casi el 13%, alentadas por los rumores de que el inversionista brasileño Jaime Toscano ofreció a los acreedores pagar hasta 1.900 millones de dólares (1.530 millones de euros ) por el grupo. Pero una oferta similar, formulada el año pasado por este mismo consultor, fue rechazada porque no estaba claro el origen de los fondos.

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