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Aerolíneas Argentinas podría convertirse de nuevo en una empresa pública

11 julio, 2008
El Gobierno argentino concretó ayer su petición ante el tribunal que lleva el concurso de Aerolíneas Argentinas de intervenir judicialmente la compañía, tras haberlo hecho el mayor sindicato de pilotos y luego el resto de los colectivos. La Justicia argentina sentará frente a frente a la Administración y al Grupo Marsans.
Que la aerolínea se convierta finalmente en una empresa del Estado, más que su privatización con capital argentino, es una de las posibilidades que temen algunos observadores. El juez a cargo del expediente, Jorge Sicoli, que actúa como subrogante, citó a los directivos de por parte del grupo español Marsans y de parte del Estado nacional, Julio Alak y Vilma Castillo para el martes próximo. En España, el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, reclamaba, por su parte, que un inversor privado necesita "reglas claras" mientras que se producían críticas mucho más duras en el sector empresarial. Peticiones e intenciones Ayer el Gobierno argentino, a través de la Secretaría de Transporte, formalizó su petición ante el juzgado comercial N°15, a cargo del concurso preventivo de la compañía. Previamente la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) había concretado su propia solicitud orientada a se regularice el pago de salarios, denuncia fundamental del colectivo liderado por Jorge Pérez Tamayo, integrado por unos 1.500 empleados. Se trata de un gremio fuerte, integrado por siete asociaciones, cinco de las cuales asistieron a través de sus representantes a un encuentro con el ministro argentino de Trabajo, Carlos Tomada, y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, en la mañana del miércoles. En la reunión se quejaron del impago, de la carencia de insumos y de una programación que consideran "inviable". En medio de todo este vaivén, los pasajeros se han visto de nuevo salpicados. A los retrasos de ayer se suman los de hoy, complicados por unas condiciones climatológicas nada favorables. Desde la primera hora del día se están produciendo cancelaciones y demoras en los servicios de la compañía de bandera argentina. Tras APLA y antes que el Gobierno, llegaron al juzgado la Asociación de Personal Aeronáutico (APA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y esperaban a la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) y la Unión de Personal Superior de Aerolíneas (UPSA). Todas, organizaciones sindicales que el día anterior habían acordado con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y con el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, los términos y el orden de las presentaciones ante el tribunal, según versiones locales. La secretaría de Transporte reclamó a la Justicia que autorice al Estado a liberar fondos para pagar salarios atrasados al personal de la firma que controla el Grupo Marsans. Otras de las solicitudes del Gobierno fue la de que se nombre un coadministrador en la compañía. Los sindicatos aeronáuticos reiteraron su compromiso de "paz laboral" y de "garantizar la continuidad de los servicios" de Aerolíneas en los próximos dos meses. Según la versión de los sindicatos secundada por el Gobierno, la compañía controlada está a punto de la quiebra. Tiene una deuda cercana a los 65 millones de euros, no ha pagado la nómina de junio, la de los meses anteriores lo ha hecho a través de préstamos y parte de su flota no funciona por falta de repuestos. A esto se suma que antes de este viernes debían haber pagado una deuda con el alquiler de aviones que, de no hacerlo, dejaría en tierra el 60% de su flota, según fuentes sindicales. Administración Kirchner versus Marsans Aquí en España hasta ayer la empresa sostenía que estaban a la espera de alguna comunicación oficial o judicial y preferían no hacer comentarios por el momento sobre la eventual intervención, según afirmó a HOSTELTUR un portavoz del grupo. Marsans defiende que han tenido que operar durante los últimos cinco años con tarifas congeladas y asumir el aumento del precio de los combustibles, esto sin contar los continuos e innumerables conflictos laborales ocasionando la cancelación o retrasos interminables de vuelos, que han provocado justificadamente el malestar y hasta la ira de pasajeros y el descrédito de la empresa. En mayo pasado, el Gobierno iba a aumentar de un 5% a un 20% su participación accionarial en la empresa, con la consecuente inyección de capital, y no lo ha hecho. Análisis argentino Analistas políticos en Argentina han fustigado al Gobierno de Cristina Kirchner por su afán de más que 'argentinizar', 'estatizar' la compañía, lo cual ha causado "horror" en el mercado, pues ya se tiene la experiencia de lo que fue la empresa en manos del Estado. Apuntan el daño que esto le puede hacer a la venida de inversionistas extranjeros a Argentina, ante la falta de reglas claras y a las relaciones entre el país sudamericano y España. En algunos medios llama la atención el hecho de que el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, a quien el dirigente sindical Ricardo Cirelli acusó de haber avalado y firmado "balances fraudulentos" de Aerolíneas Argentinas, se haya convertido ahora en el actor principal en nombre del Gobierno para lograr que vuelva a las manos del Estado. De hecho, aumentan los rumores en Buenos Aires que apuntan que las verdaderas intenciones del Gobierno son llegar a una 'argentinización' más profunda de la compañía que la que estaba prevista un mes antes y que no contemplaría el ingreso de capitales privados, según fuentes del diario La Nación. El Estado se rasca el bolsillo De momento, el Gobierno argentino hará "un desembolso extraordinario" de 11,1 millones de dólares para pagar los salarios de junio a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas. Así lo anunció en un comunicado este jueves por la noche Julio Alak, uno de los representantes del Estado en el directorio de la compañía que controla el grupo español Marsans. La decisión se adoptó luego del vencimiento del plazo legal para el pago de los salarios, que la empresa no pudo abonar. Los salarios serán pagados a partir de este viernes y el Estado determinará luego si ese dinero se reembolsa en concepto de "capitalización o aumento de la participación accionarial en la empresa", apuntó Alak. Además de pagar los salarios, el Estado aportará otros 5,2 millones de dólares para garantizar la continuidad de las operaciones de la aerolínea de bandera y de Austral, su subsidiaria para vuelos locales. "La empresa mantendrá sus planes de vuelo" tal como estaban pautados, precisó Alak antes de destacar que todas las acciones desarrolladas para "paliar el grave déficit operativo de la compañía fueron puestas en conocimiento de la comisión bicameral" que sigue los procesos de privatizaciones. Diana Ramón Vilarasau (transportes@hosteltur.com)/ Guadalupe Revuelta (latinoamerica@hosteltur.com)
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