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Los controladores no han declarado

La Fiscalía General aplicará la Ley Penal de Navegación Aérea

10 diciembre, 2010
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha decidido basar su acusación en la Ley Penal de Navegación Aérea y solicitará 8 años de prisión por un delito de sedición. Mientras, los doce controladores aéreos citados ayer por la Audiencia Provincial de Madrid, en calidad de denunciados, para comparecer ante la Fiscalía por no haberse presentado a su puesto de trabajo o haberlo abandonado entre la tarde del pasado viernes y la mañana del sábado, se han acogido a su derecho a no declarar.
Los doce controladores, representados por distintos abogados, han alegado ante el Ministerio Público que se pensarán declarar cuando sean citados por el juez competente porque entienden que, dada "la militarización y el estado de alarma vigentes no sería competente la jurisdicción ordinaria sino la militar", según ha relatado el fiscal jefe de la Audiencia madrileña, Eduardo Esteban.

Agrega que les ha aclarado que la competente es la jurisdicción ordinaria, ya que los hechos sobre los que iban a declarar ayer se produjeron entre la tarde del viernes y la mañana del sábado, antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma.
 
Explicó que los 26 controladores, citados para ayer, hoy y el próximo lunes, fueron identificados por la Policía el viernes pasado por haber abandonado su lugar de trabajo y reunirse en un hotel cercano al aeropuerto de Barajas.
Se pretende investigar a un total de 175 controladores en Madrid, aunque si todos continúan en la misma postura de no declarar se dejaría de citarlos para evitar dilaciones en la investigación, ha señalado Esteban.

Esteban ha precisado que no se ha adoptado ninguna medida cautelar contra los controladores, como prisión provisional, ya que, según ha señalado, no se puede actuar con "finalidad coactiva" ante su derecho a no declarar.

Si todos los citados siguen sin testificar, la Fiscalía seguirá su investigación sobre el caos aéreo con la Policía, para poder saber lo que ocurrió realmente

En el caso de entender que "se ha podido cometer un delito", Esteban ha explicado que los hechos se remitirán al Juzgado de Instrucción de Madrid para que los investigue y cite a las personas que hoy no han querido declarar.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha denunciado a los controladores, aunque sí tiene constancia de que algunos afectados lo han hecho ante un Juzgado, ha resaltado el fiscal jefe madrileño, que ha subrayado que en caso de admitirse a trámite "cambiaría el estado de las cosas" porque el Ministerio Público no podría seguir "una investigación paralela" a la de un juez.

Esteban ha negado que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, le haya llamado hoy para darle instrucciones sobre los delitos de los que acusar a los controladores y ha subrayado que "no se puede sugerir una pena cuando aún no se ha iniciado la investigación".
 
“Cárcel para los controladores”

La Fiscalía General aplicará la Ley Penal de Navegación Aérea para valorar la posible responsabilidad penal de los controladores aéreos en los sucesos del viernes y sábado pasados y que derivaron en el cierre del espacio aéreo español y la convocatoria de estado de alarma.

Asimismo, fuentes de la Fiscalía General del Estado explicaron que se aplicará una gradación de responsabilidades entre los que habrían liderado y los que se limitaron a secundarlo, tras concluir la reunión de la Junta de Fiscales de las Comunidades Autónomas, celebrada ayer en Zaragoza y presidida por su titular, Cándido Conde-Pumpido.

Las mismas fuentes han aclarado que la Ley Penal de Navegación Aérea establece, a partir del artículo 20, diferencias de responsabilidad "entre los dirigentes y los controladores que siguen instrucciones", por lo que la Fiscalía "va a trabajar en el objetivo común de identificar a los dirigentes del hecho porque su responsabilidad penal se agrava con respecto a los que han hecho seguidismo, so bien nadie quedará fuera”.  

Según los fiscales, los controladores implicados se enfrentan a un presunto delito de sedición, castigado con penas de entre tres y ocho años de prisión, aunque "las responsabilidades hay que verlas caso por caso, con agravantes y atenuantes". En el encuentro de este jueves se ha decidido la unificación de la base jurídica que se utilizará por parte de la Fiscalía.


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