La venta de vivienda y sus vetos. ¿es lícito imponer limitaciones?

Durante estos últimos días se ha generado un debate en torno a una de las propuestas presentadas al Govern, consistente en limitar la venta de inmuebles en Baleares a los no residentes. En un contexto de globalización, donde prima la libertad de tránsito y el mercado se rige por el principio de la oferta y la demanda, ¿es lícito imponer ese tipo de restricciones?

Lo cierto es que desde hace algún tiempo se está generando en nuestro país un debate en torno a qué requisitos pueden imponerse a la hora de comprar o alquilar una vivienda, y si la nacionalidad o residencia puede ser considerada como uno de ellos. Y teniendo como base el derecho a una vivienda, recogido en nuestra constitución como uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, la cuestión se centra ahora en determinar qué límites pueden imponerse con el fin de garantizar que todos los españoles tengan acceso a una vivienda digna. Y hasta qué punto esos límites pueden afectar al libre mercado, o a la libre circulación que rige en la Unión Europea.

No hace mucho, un juzgado de Barcelona rechazó la multa que el consistorio barcelonés había impuesto a un conocido portal inmobiliario precisamente por anunciar un piso de alquiler sólo apto para españoles. El consistorio entendió que se trataba de una práctica discriminatoria, imponiendo a dicho portal una multa por importe de 90.000 euros, al considerar que la oferta de un piso de alquiler en el que sólo se permitía que hubiera inquilinos españoles suponía una discriminación del acceso a la vivienda al tener en cuenta el origen. Y si bien en ese caso la sentencia no entró a valorar el fondo del asunto- el juzgado entendió que el portal inmobiliario, a diferencia de los APIS, no es responsable del contenido de los anuncios que se publican- , las reacciones que ha generado deja claro que el debate está en la calle.

¿Hasta qué punto pueden limitarse los requisitos para la venta o alquiler de un inmueble? ¿Cómo afecta a la libertad de mercado el hecho de que las administraciones impongan un veto a ciertos destinatarios de una oferta de venta o alquiler? ¿Puede realmente un gobierno establecer esos límites? Y si esos límites afectan a la nacionalidad, ¿pueden resultar discriminatorios?

La cuestión no es baladí. Porque si bien es cierto que existe en España un claro problema de acceso a la vivienda –al igual que en otros países y especialmente en ciertas ciudades, con precios desorbitados en mucho casos y escasez de parque inmobiliario destinado a vivienda en otros-, nos encontramos de nuevo en un supuesto de colisión de derechos. Y frente al derecho de acceso a una vivienda digna está el principio de libre mercado y el poder vender mi vivienda a quien yo, propietario, considere. Sin que se me puedan imponer más límites que los que deriven de la oferta y la demanda.

Por ahora, en Baleares, no se trata más que de una propuesta. Y si bien el sector político insiste en que debe abrirse un debate “serio y constructivo” sobre el problema de la falta de vivienda y su encarecimiento en nuestras islas, habrá que ver hasta qué punto el debate se genera realmente en esos términos. Y esperar para ver si la propuesta acaba finalmente materializándose.

Mónica Julve

Abogada de MONLEX

mjulve@monlexabogados.es