Turismo de Andalucía considera que la ecotasa de Baleares no es un impuesto ambiental porque su fin es recaudatorio

El secretario general técnico de la Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez de León, considera que "la ecotasa no es un impuesto ambiental porque su fin es recaudatorio y, por lo tanto, su objetivo no es incentivar al cambio de actitud de los agentes económicos para preservar el medio ambiente". Rodríguez de León hizo estas declaraciones ayer durante su ponencia "Las políticas comunitarias vinculadas al turismo: la ecotasa" dentro del curso "La Ordenación y Gestión del Turismo" que celebra la Escuela de Verano de la Comunidad de Madrid, Formadrid, que tiene lugar en el recinto ferial Juan Carlos I de Madrid entre los días 13 y 17 de agosto. El secretario general de la Consejería de Turismo de Andalucía explicó que "el objetivo de cualquier impuesto ecológico es incentivar a los agentes económicos del mercado para que adopten las medidas necesarias para colaborar en el desarrollo sostenible y disuadir a aquellos que sean susceptibles de dañar el medio ambiente y cuyo objetivo no sea aumentar el nivel de ingresos, como es el caso de la ecotasa". La utilización de los instrumentos económicos para mejorar el tratamiento de los asuntos medioambientales es la política que comparten los organismos internacionales que, a través del acuerdo firmado en 1992 en Río de Janeiro pusieron en marcha el 'Programa 21', un programa mundial de acción para promover el desarrollo sostenible. Por otra parte, Rodríguez de León señaló que, según las estimaciones previstas, se calcula que a partir de la aplicación de la 'ecotasa' en 2002 la caída de la entrada de turistas en la islas Baleares será de entre un 4 y 5 por ciento, aunque también hay que tener en cuenta los "fuertes" efectos simbólicos de la integración de esta nueva clase de tributo. Por otro lado, el secretario general técnico de la Consejería de Turismo y Deportes de Andalucía hizo referencia al recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno central presentó el pasado mes de julio ante el Tribunal Constitucionalidad, como consecuencia de la decisión del último Consejo de Ministros de este verano que tuvo lugar el pasado 27 de julio. Rodríguez de León señaló que el motivo por el cual el Ejecutivo considera que La Ley 7/2001 sobre el impuesto sobre estancias en empresas turísticas de alojamiento, conocida como 'ecotasa', es "injusta y discriminatoria" es por el doble gravamen de un hecho imponible (estancias en establecimientos turísticos de Baleares), lo que significa que al incorporar la ecotasa, el Gobierno Balear grava a los usuarios de los establecimientos turísticos por dos vías: por una parte, el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y, por otra parte, la ecotasa. La recaudación de este impuesto estará destinada a la dotación del Fondo de rehabilitación de espacios turísticos, creado por la Ley 12/1999, de 23 de diciembre, con la finalidad de financiar las actuaciones a que hace referencia el título V de la presente ley, señaló. Asimismo, Rodríguez de León explicó que el artículo 4 de la Ley que regula la ecotasa la define como un impuesto directo que grava la manifestación del consumo mediante el pago por el alojamiento y cuya materia imponible se basa en la capacidad económica del usuario, es decir, que este tributo recae sobre los turistas. Por su parte, el IVA es un impuesto indirecto que grava las prestaciones de servicios de estos establecimientos, así como el arrendamiento de las habitaciones. Por otra parte, explicó que respeta la actuación del Gobierno balear en relación a la ecotasa, aunque aseguró que en Andalucía este tributo sería "muy arriesgado" ya que las circunstancias son "muy diferentes" a las de las islas Baleares porque mientras en éstas se produce una saturación turística, en Andalucía existen zonas saturadas aunque al ser un territorio muy grande y no acotado como las zonas insulares, se produce una diversificación turística tanto espacial como temporal. Asimismo, Rodríguez de León señaló que la ecotasa balear ha tenido la virtud de desencadenar la polémica entre la relación que existe entre el Turismo y el Medio Ambiente, "que debe considerarse como un elemento fundamental para hacer que los destinos sean competitivos". La Ley del impuesto sobre estancias en empresas turísticas de alojamiento fue aprobada por el Parlamento de las Islas Baleares el 10 de abril de 2001, y según la misma ley, el impuesto ha de empezar a aplicarse a los 6 meses de su publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.