Incendios y turismo

En plenas vacaciones y desde un apacible rincón de la costa levantina, que este año se ha salvado, hasta ahora y esperemos que definitivamente este verano, de la tragedia de los incendios, cuesta mucho ponerse a escribir sobre la catástrofe que nos ha golpeado en este mes de agosto. Este ejercicio es especialmente doloroso cuando uno recuerda, al hacer el Camino de Santiago, las maravillosas “carballeiras” y “fragas” del Bierzo y de Galicia convertidas en ceniza, o las dehesas y los cerezos, admirados en Extremadura al impulsar la construcción del parador de Plasencia, reducidos a pavesas. Pero es necesario exponer los hechos y sus terribles magnitudes y, a continuación, exponer algunas consideraciones que pudieran contribuir a introducir cierta racionalidad en el insensato debate político, que incapaz de ofrecer soluciones, lo único que consigue es crear confusión y, con ella, desconfianza en la sociedad que asiste atónita a esta muestra aterradora de frivolidad de buena parte de nuestra clase política.

Veamos primero los hechos. A fecha 22 de agosto, los datos más recientes proporcionados por el satélite Copérnicus cifran la superficie arrasada por los incendios en España en lo que va de año en 404.024 hectáreas. Otro dato relevante es que a fecha 29 de julio la superficie afectada era de 41.093 hectáreas. O sea, en las dos últimas semanas han ardido unas 360.000 hectáreas. Finalmente, en este apartado de datos hay que destacar que el número de incendios ha sido menor que en otros años recientes, pero su extensión ha sido mucho mayor, como indica el Servicio Europeo de Información de Incendios (EFFIS). Así, el incendio de Zamora consumió en solamente tres jornadas más de 40.000 hectáreas. El probable balance es que 2025 sea el año del siglo XXI con más hectáreas quemadas, acercándose al récord de 1994 en el que ardieron 437.602 hectáreas.

Frente a estos hechos, el aspecto positivo procede de todos los que han dedicado sus mejores esfuerzos a luchar contra el fuego: bomberos forestales, la UME, los cuerpos de seguridad, en especial la Guardia Civil y los voluntarios de las zonas afectadas. Se han perdido cinco vidas. Y un factor muy preocupante es que llevados por la desesperación y la impotencia, en algunos casos, los vecinos han desoído las advertencias de las autoridades para evacuar las zonas de riesgo. Un caso que ha llamado la atención de los medios de comunicación ha sido el del alojamiento rural “El molino” que, gracias al esfuerzo de su propietario y con la ayuda de algunos vecinos, pudo salvarse de la destrucción. Ahora afronta el reto de atraer posibles clientes en un paisaje desolado. Es un caso paradigmático que refleja la situación del turismo rural en las zonas afectadas, que son las que más necesitan de actividades complementarias para mantener la economía local. Los incendios han afectado al turismo, con daños a paisajes naturales, como las Médulas, que son importantes atractivos turísticos, y a los medios de transporte como el AVE a Galicia.

Frente a este ingente esfuerzo, hay que constatar la insuficiencia de medios. Medios que, de acuerdo con la información publicada se han visto reducidos en más de un 50% en relación con años anteriores tanto por las Comunidades Autónomas como por el Gobierno nacional, aunque hay que precisar que las CC.AA. más afectadas son las que cuentan con los mayores presupuestos en la lucha contra los incendios. Mientras, el Gobierno nacional ha reducido significativamente el número de medios aéreos. El informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea que ha evaluado el uso de fondos europeos en la prevención de incendios por algunos países miembros, entre ellos España, ha sido muy negativo: los sistemas son ineficientes, están obsoletos, y los criterios no son los más efectivos ni a corto ni a largo plazo.

Hay que reconocer, sin ambages, que la sociedad española y, en primer término, sus autoridades no han sabido prestar la atención que merece una amenaza capaz de generar no solamente daños personales y materiales enormemente cuantiosos (se han valorado provisionalmente en más de 15.000 millones de euros), sino en el impacto social. Este impacto afecta no solamente, pero sí en especial, a las poblaciones que han visto perder no solo su medio de vida y su propio hábitat, sino al conjunto de la sociedad española, que comprueba el trágico fracaso en responder a las grandes catástrofes naturales. En los medios internacionales se ha llegado a hablar de España como Estado fallido, incapaz de hacer frente a estas pruebas. La cobertura mediática ha sido muy amplia y está por ver su repercusión en la imagen de país y en un sector tan sensible como el del turismo.

Se pretende metabolizar este fracaso con una inútil contienda política que no resuelve nada de cara al futuro. ¿Qué sentido tiene recurrir al manoseado cambio climático y proponer la creación de una comisión (típico recurso para no resolver nada) que, para colmo, ya fue creada años atrás y que al parecer es desconocida? El abuso en recurrir al concepto del cambio climático, que sí existe por encima del debate sobre sus causas, es que lo desprestigia. En todo caso cabe plantearse una pregunta fundamental: ¿Es que el cambio climático solo ha afectado a Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias, y no a las áreas mediterráneas que este año, y esperemos que así siga, se han visto libres de la plaga de los incendios? ¿No habrá que profundizar en el análisis sociológico de por qué los incendios se concentran, según los años y de forma aparentemente errática, en unas zonas y no en otras?

Otra cuestión fundamental es la de la política agraria y medioambiental. Diariamente, se puede comprobar desde el lugar desde el que escribo este artículo la ingente cantidad de cañas que los servicios de limpieza municipales tienen que retirar de las playas y que son los restos, meses y meses después de la dana, de la vegetación de las ramblas que dicha política impedía limpiar en origen y que ahora han de hacerlo en los lugares a los que ha llegado, con el consiguiente deterioro de las condiciones medioambientales.

Finalmente, la sensación social del fracaso de nuestro sistema legal y judicial para investigar y sancionar a los causantes de los incendios. Las autoridades reconocen que el 75% de los incendios tienen un origen humano, en unos casos en imprudencias, culposas o dolosas, y en otros en una conducta deliberada, delictiva, de provocar el incendio.

La pregunta clave es si se va a hacer algo en materia de prevención, en incremento de los medios disponibles para hacer frente al fuego, en la sanción ejemplar de los delitos, de cara al futuro o, en caso contrario, este artículo podría ser, lamentablemente, reproducido en agosto de 2026.