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La CE rechaza los fondos asignados al centro de ensayos de AVE en Málaga

Adif debe devolver 140 M € de ayudas ilegales al Estado español

25 julio, 2016
  • La Comisión Europea (CE) ha ordenado a España recuperar la ayuda estatal concedida a Adif para el centro de ensayos de alta velocidad en Málaga
  • El coste del proyecto es de 358,6 M € y el Gobierno adelantó 140,7 M € sin esperar la decisión de Bruselas
  • La CE concluye que la ayuda concedida por España a Adif para este centro no corresponde a un auténtico objetivo de interés común ni a promover un desarrollo sostenible de la región

La Comisión Europea (CE) ha ordenado este lunes a España recuperar la ayuda estatal concedida al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para el centro de ensayos de alta velocidad en Málaga, al considerar que es "incompatible" con las normas comunitarias de competencia.

"La Comisión ha llegado a la conclusión de que la ayuda concedida por España a Adif para la construcción de ese centro en Andalucía no corresponde a un auténtico objetivo de interés común", indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado, en el que añadió que, "en particular, no contribuye a promover un desarrollo sostenible de la región".

El Ejecutivo comunitario indicó haber realizado una "investigación pormenorizada" de los planes españoles de financiación de todos los costes de inversión del proyecto, por importe de 358,6 millones de euros, para la construcción del Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria (Ceatf), cerca de Málaga (ver: El mayor anillo ferroviario del mundo estará en Málaga).

Ordenan a España recuperar una ayuda ilegal a Adif de 140 M €Ordenan a España recuperar una ayuda ilegal a Adif de 140 M €

El Ceatf es un circuito ferroviario en el que los trenes pueden circular a muy alta velocidad (hasta los 520 kilómetros por hora), con instalaciones adicionales para el ensayo, la homologación y la puesta a punto de material ferroviario y de elementos de infraestructura y superestructura, apuntó la CE.

Según los planes notificados por España a la Comisión en septiembre de 2013, la financiación pública debía otorgarse a Adif, que sería el propietario del Ceatf.

La investigación de la CE reveló que, "de hecho, España ya pagó a partir de 2011 a Adif 140,7 millones de euros antes de que la Comisión adoptara su decisión" sobre la concesión de las mismas, con lo que "infringió las normas de la Unión Europea".

Además, las averiaguaciones realizadas por las autoridades europeas apuntan a que "el proyecto no se ajusta a las normas de la UE sobre ayudas estatales, ya que, no responde a un auténtico objetivo de interés común". Y agregan que "no parece existir ningún interés en el mercado por desarrollar productos que funcionen a esas altas velocidades, ya que no serían comercialmente viables", precisó.

La Comisión afirmó asimismo que "a falta de demanda de tales servicios específicos, el uso de las instalaciones del Ceatf se limitaría, en la práctica, al ensayo de trenes y equipos hasta las velocidades comercialmente viables de 320 a 350 kilómetros por hora, para las que ya existen centros de ensayo en la UE... Ya se realizan ensayos en redes ferroviarias comerciales. El Ceatf no haría sino duplicar esas infraestructuras existentes", puntualizan.

Por otra parte, la CE indicó que, a pesar de la financiación pública otorgada, "ningún inversor privado manifestó su interés por participar en la financiación", y recalcó además que, de hecho, "se esperaba que el Ceatf generase pérdidas durante todo su período de funcionamiento".

Por otra parte, la Comisión consideró que el proyecto "no contribuye al objetivo de promover el desarrollo sostenible de Andalucía", y que "sólo tendría escasos efectos a corto plazo mediante la creación de empleos temporales en el sector de la construcción durante el desarrollo de la infraestructura".

En su opinión, el coste público "habría sido desproporcionadamente alto" y España "no consiguió demostrar" que las ventajas del proyecto compensarían los costes de construcción y las pérdidas de explotación.

Así pues, "la financiación pública crearía un falseamiento de la competencia, al subvencionar a un nuevo participante en el mercado", concluyó, por lo que consideró que "la ayuda es incompatible con el mercado interior y ha ordenado a España recuperar de Adif los fondos que ya le han sido abonados".

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