Diario 5514 22.02.2019 | 08:57
Hosteltur: Noticias de turismo
Protestan por la campaña para denunciar pisos ilegales

El turismo centra gran parte de las quejas de los ciudadanos de Barcelona

15 febrero, 2017
  • Los barceloneses consideran que la campaña que invita a denunciar pisos ilegales supone una vulneración del derecho a la intimidad
  • Además, creen que genenera desconfianza entre el vecindario
  • La síndica de Barcelona destaca que hace falta la colaboración ciudadana para detectar las viviendas de uso turístico ilegales

La mayor parte de las 1.609 quejas que recibió el año pasado la responsable del Síndico de Agravios de Barcelona, María Assumpció Vilà, se circunscribieron a la movilidad, el turismo y los servicios sociales, según explicó en la presentación del informe anual que el próximo 24 de febrero llevará al pleno. El ámbito que más ha crecido ha sido el de la actividad económica y en su mayoría (108 reclamaciones) se muestran en desacuerdo con la campaña impulsada por el gobierno de Ada Colau que pedía a los vecinos que denunciaran los presuntos casos de pisos turísticos ilegales. Argumentan que dicha campaña supone una vulneración del derecho a la intimidad y que ha dado lugar a denuncias falsas e infundadas y genera desconfianza entre el vecindario.

Los expedientes se encuentran todavía en fase de tramitación, pero María Assumpció Vilà ya ha dejado claro que hace falta la colaboración ciudadana para detectar las viviendas de uso turístico ilegales.

El informe indica que las reclamaciones relacionadas con la vivienda pasaron de 95 en 2015 a 137 en 2016, por lo que la síndica destaca la necesidad de "limitar el precio del alquiler". Esta decisión no forma parte de las competencias del Ayuntamiento de Barcelona, pero cree que los responsables municipales deben acudir a la Generalitat y al Estado. Asimismo, señaló que el coste de los alquileres está aumentando en parte por los pisos turísticos, lo que provoca la "expulsión" de vecinos.

Barcelona.Barcelona.

Por otro lado, las cuestiones relacionadas con la movilidad son las que en 2016 generaron más quejas, la mayoría por la "percepción mínima", la sanción que se impone por no llevar la documentación que debe acompañar a los títulos de transporte bonificados, según ha explicado Vilà. El pasado año disminuyeron las quejas de emergencia social.

En la presentación, la síndica también se refirió a la necesidad de ampliar la plantilla de la Guardia Urbana para evitar las situaciones de desatención ciudadana y a la conveniencia de sustituir la actual ordenanza de convivencia en el espacio público por un código de buenas prácticas para no "criminalizar" a colectivos vulnerables.

Las quejas recibidas se agrupan según diferentes ámbitos: transporte público, circulación de vehículos y vialidad y señalizaciones, actividad económica, medio ambiente, servicios sociales, vivienda, hacienda municipal, urbanismo o seguridad ciudadana y libertad cívica, entre otros.

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