Ha interpuesto una demanda que se suma al recurso contencioso administrativo

Barceló reclama el Palacio de Congresos de Palma por la vía civil

Publicada 18/05/17 -Actualizada 03/07/18 22:58h
Barceló reclama el Palacio de Congresos de Palma por la vía civil
  • El Grupo Barceló ha interpuesto una demanda civil para hacerse con la gestión del Palacio de Congresos de Palma que fue adjudicada a Meliá
  • Esta iniciativa de la cadena mallorquina se une al recurso contencioso administrativo que ya presentó contra la decisión del Ayuntamiento de Palma de no ratificar la adjudicación primera a Barceló
  • El consejo del Palacio de Congresos ha penalizado con más de 15.000 euros a una empresa por un retraso de tres semanas en el montaje de butacas de los auditorios

El Grupo Barceló quiere hacerse con la gestión del Palacio de Congresos de Palma, que hoy acoge su primer evento (Meliá gana el concurso del Palacio de Congresos de Palma), por la vía civil. El consejo de administración del complejo ha recibido notificación de la demanda civil interpuesta por Barceló Eventos Empresariales contra la decisión del Consejo, de fecha 10 de diciembre de 2015, de desistir del procedimiento de licitación 1/2015 (Recomiendan no adjudicar el Palacio de Congresos de Palma al grupo Barceló y El Palacio de Congresos de Palma renuncia a adjudicar su gestión).

La demanda, que ya está a disposición de los servicios jurídicos de Palacio de Congresos de Palma para su análisis y contestación, reproduce con carácter general, los motivos de impugnación ya expuestos por parte de Barceló en el recurso contencioso administrativo actualmente en trámite judicial contra la decisión del Ayuntamiento de Palma de no ratificación (Barceló interpone un recurso contra el Ayuntamiento de Palma por el Palacio de Congresos).

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En la demanda formulada por parte de la compañía mallorquina se solicita la adjudicación del contrato pero no se reclama ningún tipo de indemnización económica.

Por otro lado, el consejo de administración ha acordado imponer una sanción de 15.306 euros a la empresa Ascender S.L. por un retraso de tres semanas en la instalación de las butacas de los dos auditorios del palacio. Una penalización que "estaba debidamente especificada en el contrato".

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