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España: Competencia acepta la privatización de Trasmediterránea sin condiciones

13 diciembre, 2002
El dictamen emitido por el Tribunal de Defensa de la Competencia sobre la privatización de Trasmediterránea considera que la operación es completamente 'limpia'. El informe ha sido remitido ya al Gobierno y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI (propietaria hasta la fecha del 96% de la empresa). El dictamen no impone ninguna condición de desinversión a la naviera Armas en Canarias, ni al grupo Matutes en Baleares, por participar con un 8% y un 12%, respectivamente, en el consorcio adjudicatario de la naviera pública, junto a Acciona, que tiene el 55%.
El dictamen emitido por el Tribunal de Defensa de la Competencia sobre la privatización de Trasmediterránea considera que la operación es completamente 'limpia'. El informe ha sido remitido ya al Gobierno y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI (propietaria hasta la fecha del 96% de la empresa). El dictamen no impone ninguna condición de desinversión a la naviera Armas en Canarias, ni al grupo Matutes en Baleares, por participar con un 8% y un 12%, respectivamente, en el consorcio adjudicatario de la naviera pública, junto a Acciona, que tiene el 55%.Las navieras Armas, Umafisa y Pitra (estas dos últimas del grupo Matutes) son competidoras directas de Trasmediterránea en el tráfico marítimo de cabotaje de pasajeros. En el texto del dictamen del tribunal no se hace la menor referencia a la situación que se crea en el tráfico de cabotaje marítimo de Baleares, donde el grupo empresarial del ex ministro Abel Matutes controlará el 12% de Trasmediterránea sin tener que abandonar sus posiciones en las navieras Umafisa y Pitra (empresas que se dedican al tráfico insular y en las que tiene un control mayoritario), ni en la compañía marítima Balearia, en la que cuenta con una importante participación. El dictamen del tribunal se extiende en valoraciones sobre la situación que la privatización crea en el tráfico de cabotaje de pasajeros en el archipiélago canario, una vez que la naviera Armas se haga con el 8% del capital de la compañía Trasmediterránea. Reconoce que los cruces accionariales de ambas compañías pueden conducir a una situación de casi 'monopolio de hecho' en el tráfico marítimo insular. Sin embargo, asegura que en ninguna circunstancia podría convertirse en un 'monopolio de derecho', ya que la explotación de las líneas de cabotaje marítimo en la Unión Europea están completamente liberalizadas, lo que en teoría permitiría a cualquier persona o empresa entrar a explotar dicho negocio 'siempre que cumpla los requisitos económicos y administrativos' que se han establecido. El tráfico marítimo interinsular canario de pasajeros se reparte entre Trasmediterránea, que cuenta con cuatro barcos en la zona, la naviera Armas, con cinco buques, y la compañía hispano-noruega Fred Olsen con cinco embarcaciones. Fuentes cercanas al consorcio adjudicatario estiman que en todo caso la posición de Armas es minoritaria en el consorcio que comprará Trasmediterránea, por lo que no ha lugar a considerar una confluencia de intereses entre ambas navieras. Consideran que el armador canario velará por fortalecer su negocio propio antes que su participación financiera en la antigua naviera pública. La emisión del dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia sin ningún tipo de exigencia da luz verde al Gobierno para que pueda aprobar la privatización en el Consejo de Ministros del próximo día 20 de diciembre. El Ejecutivo tiene previsto dar su visto bueno en esa reunión para que la SEPI acuda a una oferta pública de adquisición (opa) que lanzará antes de finales de año el consorcio adjudicatario de la privatización por el 100% de la naviera pública. Esta opa tiene como principal objetivo que el nuevo propietario de Trasmediterránea intente comprar el 4% del capital de la compañía que se encuentra en manos de accionistas minoritarios. Estos accionistas recibirán, como la SEPI, una propuesta de compra al precio por acción que se fijó en el proceso de privatización (el 100% se valoró en 259 millones de euros). Por otra parte, el consorcio vencedor en la privatización ha anunciado ya que mantendrá al actual equipo directivo de la naviera, encabezado por el presidente, Miguel Ángel Fernández Villamandos. Mientras tanto, la SEPI y el consorcio adjudicatario mantienen reuniones periódicas de coordinación sobre la estrategia que está desarrollando la naviera. Las navieras que no participaron en el proceso de privatización de Trasmediterránea o que quedaron fuera del consorcio adjudicatario presentaron en el mes de octubre ante el Tribunal de Defensa de la Competencia las alegaciones pertinentes para defender sus derechos frente al posible proceso de concentración que se estaba gestando.En general, los escritos con alegatos mantenían un tono muy moderado, ya que algunas de las empresas excluidas mantienen acuerdos con las empresas del ex ministro Abel Matutes, como en el caso de la naviera Balearia. Las alegaciones más duras fueron presentadas por la compañía hispano-noruega Fred Olsen, que opera en el servicio interinsular canario, y el grupo Contenemar, que tiene intereses en el tráfico marítimo de Baleares. Fred Olsen, en su escrito al tribunal, asegura que 'la operación de concertación proyectada podría obstaculizar el mantenimiento de la competencia efectiva en el mercado de transporte marítimo regular de viajeros entre las Canarias'. La presencia de Armas en el capital del consorcio adquirente de Trasmediterránea 'puede suponer un grave riesgo de coordinación competitiva y, con ello, de eliminación de la competencia en aquellas líneas en las que actualmente concurren una y otra mercantil'. Fred Olsen pedía al tribunal que 'impida que se consolide la situación denunciada, lo que sucedería si Armas se convierte en accionista de Trasmediterránea'. Isleña Marítima de Contenedores, incluida en el grupo Contenemar, asegura que la entrada de Matutes en el capital de Trasmediterránea 'distorsiona y obstaculiza el mantenimiento de la competencia en el tráfico marítimo entre la Península y las islas Baleares y entre las mismas islas', y pide al tribunal que 'obligue a una de las partes a desinvertir en alguna de las empresa involucradas'. (A.R.A./J.Ch., diario Cinco Días, 13/12/02)

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