Ultimátum de la CE a España por las normas sobre los datos de los pasajeros
Publicada 25/01/19 -Actualizada 28/04/19 13:11h
La Comisión Europea (CE) dio este jueves un ultimátum a España por la falta de aplicación de la normativa europea sobre la obtención de los datos de los pasajeros aéreos antes de los vuelos,conocida como Registro del Nombre del Pasajero (PNR) y que fue aprobada en abril de 2016, según informó el Ejecutivo comunitario(ver: Europa aprueba el polémico registro de datos de pasajeros). Los Estados miembros estaban obligados a aplicar las nuevas normas europeas a más tardar el 25 de mayo de 2018.
Tras el envío de Bruselas del dictamen motivado, segundo paso del procedimiento de infracción europeo, las autoridades españolas tienen ahora un plazo de dos meses para corregir la situación y evitar así una posible denuncia ante la Justicia europea.
La Comisión ha decidido actuar contra España porque el país no ha notificado a la Comisión "las medidas nacionales adoptadas hasta la fecha para aplicar las normas de la UE relativas a los datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR)", según un comunicado.
El dictamen motivado que se envía este jueves sigue a la carta de emplazamiento que se remitió a España en julio de 2018.
Los datos del PNR son la información facilitada por los pasajeros a las compañías aéreas al reservar y al facturar para vuelos, como el nombre del viajero, las fechas, los itinerarios de viaje, el número de asiento, el equipaje, la información de contacto y los medios de pago.
Protección de datos
Por otra parte, Bruselas decidió este jueves dar otro último aviso a España, Bulgaria, Chipre, Eslovenia, Grecia, Letonia y Países Bajos por no aplicar la Directiva sobre protección de datos y a la República Checa y Portugal para que ultimen su implementación.
Los Estados miembros estaban obligados a incorporar a su Derecho nacional a más tardar el 6 de mayo de 2018 la Directiva, que consagra el derecho de los ciudadanos a la protección de datos en el ámbito penal, lo que se extiende a víctimas, testigos y sospechosos de delitos.
Dado que los siete Estados miembros afectados no habían transpuesto las normas de la UE en la legislación nacional, la Comisión envió una carta de emplazamiento a las autoridades respectivas en julio de 2018.
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