Diario 5455 17.12.2018 | 03:35
Hosteltur: Noticias de turismo
En un informe califica de "desproporcionadas e injustificadas" las medidas que establece

Alquiler turístico: Competencia de Cataluña critica el decreto de Montoro

26 febrero, 2018
  • La Autoridad Catalana de la Competencia asegura que el decreto del Ministerio de Hacienda para controlar el alquiler turísticos contempla medidas “desproporcionadas e injustificadas”
  • Alerta que el control de Hacienda puede llevar a un éxodo de plataformas
  • La ACCO señala además que el decreto de Montoro podría vulnerar las directivas comunitarias de Servicios y de Comercio electrónico

La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) considera "desproporcionadas" e "injustificadas" las cargas que el Ministerio de Hacienda ha impuesto a las plataformas tecnológicas de intermediación de viviendas de uso turístico y advierte que éstas pueden dañar en especial a Cataluña.

En un informe, este organismo que depende de la Generalitat se refiere con estos términos al contenido del Real Decreto 1070/2017, del 29 de diciembre, que modifica un reglamento de actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y que tenía como propósito perseguir el fraude fiscal.

A juicio de la ACCO, las obligaciones de comunicación que se imponen a las plataformas digitales intermediarias en el alquiler de viviendas con fines turísticos pueden afectar "de manera significativa" a su actividad y perjudicar, por tanto, la competencia.

Estas restricciones preocupan en especial a la ACCO dado que Cataluña, y en especial el entorno de Barcelona, se ha convertido en un "hub" tecnológico y porque afecta a un sector muy relevante para la comunidad catalana como es el turismo.

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De hecho, la ACCO alerta que "la elevada carga administrativa que supone adaptarse a este Real Decreto podría conllevar que potencialmente las empresas consideraran cambiar su sede a otro Estado de la Unión Europea donde ya no les sería de aplicación este Real Decreto".

En concreto, el organismo de la competencia se refiere a un nuevo artículo del Real Decreto que introduce una nueva obligación de información a las denominadas "plataformas colaborativas" que intervienen en la cesión de viviendas con fines turísticos sobre aspectos como la referencia catastral o el precio de estos inmuebles ya que ellas no intervienen en la transacción económica del alquiler.

Además, considera que el Real Decreto podría vulnerar directivas comunitarias de servicios y de comercio electrónico.

Así, la ACCO concluye que la obligación de recopilación de datos y comunicación a la agencia tributaria supone una carga administrativa que puede perjudicar las condiciones de competencia en el mercado y puede llegar a convertirse en "una auténtica barrera a la entrada para los nuevos operadores" y a un "obstáculo" para los que ya están en el mercado.

Asegura también que "este deterioro en las condiciones de competencia en el mercado repercute negativamente en la innovación, la variedad y la calidad de los servicios, perjudicando a los consumidores y usuarios".

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