Los hosteleros piden al Estado el 65% de su facturación media en 2017-2019
Reclaman al Gobierno unos 65 M € por daños y perjuicios
Publicada 19/02/21 -Actualizada 15/03/21 02:02h
- Como cada vez se suman a la acción más hosteleros damnificados la cifra exigida por daños y perjuicios previsiblemente también aumentará
- El proceso no tiene por qué ser necesariamente largo, ya que el escenario ideal sería “llegar a algún tipo de acuerdo” con el Ejecutivo
- La ley del Estado de Alarma dispone que los afectados por actuaciones administrativas dictadas en ese periodo tienen derecho a indemnización
Más de 2.000 hosteleros agrupados en la plataforma La Hostelería de Todos demandarán al Estado para que les compense por el daño sufrido por los cierres y restricciones establecidos para tratar de frenar la pandemia y reclamarán un 65% de la facturación media que tuvieron entre 2017 y 2019, unos 65 millones de euros. Por el momento han presentado un centenar de reclamaciones ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para iniciar el procedimiento por vía administrativa, y amenazan con llevar el caso hasta el Supremo, según han anunciado representantes del despacho de abogados de Cremades & Calvo-Sotelo.
Cremades & Calvo-Sotelo tiene intención de ir presentando estas reclamaciones ante el Ministerio en lotes de 100 hasta sumar las 2.000, ante la falta de ayudas directas a la hostelería y alegando el grave daño que se ha producido al sector. Desde un punto de vista procesal, como han explicado a Efe las mismas fuentes, se trata de demandas individuales que pueden acumularse en un único procedimiento y pueden producir una única sentencia.
Una vez que se agote la vía administrativa, prevén continuar el procedimiento ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno central y, de forma solidaria, contra las comunidades autónomas
Como cada vez se suman a la acción más hosteleros damnificados, la cifra exigida por daños y perjuicios previsiblemente también se incrementará, según ha reconocido el socio del despacho Diego Solana. El proceso no tiene por qué ser necesariamente largo ya que, como ha indicado el abogado, el escenario ideal sería “llegar a algún tipo de acuerdo” con el Ejecutivo.
“En lugar de esperar a la sentencia del Supremo, el Gobierno podría conceder ayudas públicas como están dando otros países de la Unión Europea para que los hosteleros puedan sobrevivir a esta crisis y ser un motor de la recuperación económica”, ha insistido.
La base jurídica en la que se sustenta su argumentación se encuentra en la ley que regula el Estado de Alarma, que dispone que las personas afectadas por las actuaciones administrativas dictadas en ese periodo “tienen derecho a ser indemnizadas”.
Solana ha asegurado que de los más de 2.000 hosteleros que representa por el momento el bufete “muchos ya están cerrados y otros intentan sobrevivir”. Se trata de un grupo “heterogéneo” en el que hay desde pequeños bares y cafeterías hasta grandes marcas y multinacionales del sector de la restauración de zonas como Madrid, Andalucía o ambas Castillas, según ha precisado.
Mal arranque de 2021
También ha tomado la palabra en representación de los afectados la dueña y chef del restaurante madrileño Étimo, Begoña Fraire, quien ha advertido del mal arranque de 2021 y del riesgo que existe de que los cierres continúen aumentando.
“Vamos a ir a los tribunales para pedir por esas pérdidas que sufrimos desde el estado de alarma. Hay mucha gente que cierra y otros están heridos de gravedad y no van a aguantar más de dos meses”, ha afirmado.
La facturación de su establecimiento ha bajado un 70% respecto al mismo periodo del año anterior, por lo que se centra en “sobrevivir con malabarismos y tirando muchas veces de fondos propios para poder seguir con el negocio. Nos prohíben trabajar pero no nos han quitado ningún pago. No nos han ayudado con los arrendadores ni tampoco con los pagos a Hacienda o la Seguridad Social”.
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