Hoteles de playa se quedan sin prórrogas por la Ley de Cambio Climático
La nueva ley afecta aquellas empresas situadas en el dominio público marítimo-terrestre y que por tanto requieran de una concesión
Publicada 11/09/21 -Actualizada 05/10/21 02:13h
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Ley de Costas de 1988, modificada en 2013
Cabe recordar que la Ley de Costas del año 1988 estableció un plazo máximo de 75 años para las concesiones situadas en el dominio público marítimo-terrestre.
Sin embargo, en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo una serie de modificaciones legales en favor de las actividades económicas situadas en dichas zonas. Además, se estableció que la zona marítimo-terrestre se fijaría hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos.
La reforma de 2013 igualmente excluyó determinados núcleos de población residenciales (lo que permitió regularizar miles de viviendas) e impulsó una serie de "prórrogas extraordinarias" para determinadas concesiones.
¿Qué cambia con la nueva Ley de Cambio Climático?
La nueva Ley de Cambio Climático aprobada en mayo de 2021 dice en su artículo 20 que no se podrán prorrogar las concesiones más allá del plazo máximo de la original Ley de Costas: 75 años en total, incluidas todas las prórrogas.
En otras palabras, se establece una línea roja, como ya hizo la ley de 1988, para todas las concesiones del dominio público marítimo-terrestre.
Según apunta la abogada y experta en legislación costera Águeda Borges, del bufete Monlex Servicio Jurídico Global, la nueva ley de 2021 "en principio no empeora la situación respecto a lo que ya teníamos. Sin embargo, tampoco soluciona ni ayuda, pues dibuja un margen temporal definitivo para todas las concesiones del litoral".
Pero en todo caso, a medida que los plazos de las concesiones vayan venciendo, es cuando irán surgiendo los problemas e irán apareciendo choques con la visión de las comunidades autónomas, añade esta jurista.
"Seguramente será necesario seguir actualizando las normativas cuando se vayan acercando los plazos de vencimiento, algo que ya se anticipó en el año 2013 cuando se previeron una serie de prórrogas. Disponemos de herramientas para estudiar caso a caso, pero parece que la nueva Ley de Cambio Climático pone en duda la capacidad de las comunidades autónomas para valorar si las actividades que se realizan sobre el dominio público son nocivas, cuando precisamente habría que tender a esa capacidad de las competencias autonómicas", expone Águeda Borges.
"No veo una transformación económica de España a medio o largo plazo que justifique el fin de estas actividades económicas en la línea de costa"
El problema, según añade Borges, es que "a efectos prácticos no se contempla la realidad de España, con más de 7.800 kilómetros de línea costera llenos de actividades económicas. Francamente, no veo una transformación económica del país a medio o largo plazo que justifique el fin de estas actividades económicas".
En resumidas cuentas, "un fin de actividades universal urbi et orbi para todo el mundo podría ser contraproducente cuando debería analizarse caso por caso".
Por todo ello, "una vez más se pierde la oportunidad en la regulación de las concesiones de individualizar el estudio, necesidad y afección sobre el medioambiente de cada caso, evaluando específicamente la posibilidad o no de mantener la concesión", lamenta Borges.
En conclusión, "el legislador no confía en la gestión de la administración estatal o autonómica según los casos, pero tampoco integra la realidad de un país con 7.880 kilómetros de costas en la que se desarrollan actividades, de las que depende un porcentaje muy significativo de la economía nacional".
A hoteles en línea de costa desde 1960 les quedarían 14 años de plazo
Los cambios que introduce la nueva Ley de Cambio Climático en relación con el dominio público marítimo-terrestre también han sido denunciados por el diputado Agustín Almodóbar (PP), portavoz de Turismo del Grupo Parlamentario Popular.
Para comenzar, dice, la Ley "no hace referencia alguna al sector turístico, ni siquiera al turismo sostenible" pero en cambio tendrá serias consecuencias sobre múltiples actividades económicas.
"La Vicepresidenta Cuarta y Ministra de Transición Ecológica ha impuesto un artículo en la Ley de Cambio Climático -el artículo 20- a fin modificar la Ley de Costas a través de esta ley, algo muy poco ortodoxo, para que cualquier instalación que esté situada en el espacio de dominio público marítimo-terrestre y que por tanto requiera de una concesión, la permanencia de la instalación concesional en suelo público costero no podrá ser superior a 75 años desde la otorgación de la primera concesión".
"Por ejemplo: si un hotel está situado en la línea de costa desde el año 1960 y obtuvo su primera licencia en ese mismo año, computará que lleva en la línea de costa a efectos de finalización de la licencia 40 años en el siglo XX y 21 años en el siglo XXI, es decir, un total de 61 años. Por tanto le quedarían 14 años hasta cumplir el periodo máximo de 75 años que concede ahora la ley", según explica Agustín Almodóbar.
"La nueva ley genera una inseguridad jurídica a todos los establecimientos turísticos y de restauración en un país eminentemente vacacional"
Para el portavoz de Turismo del Grupo Parlamentario Popular, la nueva ley "genera una inseguridad jurídica a todos los establecimientos turísticos y de restauración en un país eminentemente vacacional. Por eso nosotros mantuvimos un rechazo frontal".
Almodóbar también resalta que, de acuerdo con la nueva ley, "se creará un organismo de expertos para asesorar en materia de lucha contra el cambio climático donde se excluye al sector turístico empresarial".
El diputado popular prevé que la nueva ley provocará una "avalancha" de recursos por parte de las instalaciones afectadas, lo que incluirá "industrias, residencias habituales y por supuesto hoteles".
Presumiblemente, según avanza Almodóbar, esos plazos de tiempo ya en cuenta atrás podrían modificarse posteriormente a través de cambios en la Ley de Costas, el Reglamento General de Costas o alguna otra norma de desarrollo posterior.
Sin embargo, tal como expone la abogada Águeda Borges, "el problema es que ahora se ha establecido una línea temporal tan rígida que será muy complicada de modificar. Porque ya no solo se tratará de modificar la Ley de Costas, sino también la Ley de Cambio Climático".
De hecho, "agarrándose a la Ley de Cambio Climático de 2021 se puede ser más rígido en la interpretación de la Ley de Costas de 1988", expone esta abogada.
Greenpeace: la subida del nivel del mar y la emergencia climática no se han tenido en cuenta
Por su parte, el grupo ecologista Greenpeace también llama la atención sobre las cuestiones legales o más bien, las dificultades para interpretar las leyes y reglamentos sobre protección de costas en España.
Por ejemplo, la reforma de la Ley de Costas impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2013 "estableció un régimen específico para quienes habían tenido concesiones anteriores con una redacción ambigua donde no estaba claro si lo que duraba 75 años eran las prórrogas o el período total de la concesión", dice Pilar Marcos, responsable de biodiversidad de Greenpeace.
"En este contexto, el proyecto de Ley de Cambio Climático reiteraba el plazo total de 75 años y eliminaba en un principio una redacción tortuosa e inconstitucional que busca el uso privado perpetuo de la costa", añade esta experta en protección medioambiental.
"En sus primeros borradores, la Ley de Cambio Climático buscaba crear seguridad frente al cambio climático"
"Con los horizontes de subida del nivel del mar y con la garantía de crear zonas de amortiguación en la costa, la Ley de Cambio Climático buscaba en sus primeros borradores crear esa seguridad frente al cambio climático. Pero tras el paso por el Senado del borrador de Ley de Cambio Climático, con el apoyo del PSOE, ha quedado de nuevo en esa redacción inicial de la Ley de Costas de Arias Cañete de 2013, con los plazos de duración de los títulos de ocupación desde su otorgación, en línea de la inconstitucional Ley de Costas de 2013", añade Pilar Marcos.
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En conclusión, dice esta portavoz de Greenpeace, "75 años a costa de todos son muchos años y muchos para la velocidad de la emergencia climática. A pesar de que las concesiones son suficientes para recuperar inversiones y buscar ubicaciones respetuosas y sobre todo seguras para el futuro que se dibuja en primera línea del mar". Por todo ello, dicen desde Greenpeace, la Ley de Cambio Climático ha sido "una oportunidad perdida".
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