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Estaba en 10 millones de euros

Marsans: Rebajan a 3 M € las fianzas de De Cabo y Losada tras aportar datos contra Gerardo Díaz

13 mayo, 2013

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha rebajado a tres millones de euros las fianzas que tenían que afrontar el liquidador de empresas Ángel de Cabo y su número dos, Iván Losada, después de que ambos aportaran nuevos datos contra Gerardo Díaz Ferrán en relación al cierre de Marsans.

Estos datos inculparían a Díaz Ferrán (que lleva seis meses en la cárcel) de llevar a cabo el supuesto vaciamiento patrimonial del grupo Marsans con la intención de eludir el pago a sus acreedores.

El magistrado ha adoptado esta decisión a instancias del fiscal Daniel Campos, quien rechazó la puesta en libertad solicitada por las defensas de De Cabo y Losada, y defendió la rebaja de sus fianzas argumentando que ambos han aportado datos a la causa que permiten consolidar los indicios delictivos que existen contra Díaz Ferrán. Del mismo modo, se manifestó en contra de prolongar de forma excesiva la situación de prisión provisional de los dos imputados.

De Cabo y Losada ingresaron en prisión, junto a Díaz Ferrán, el pasado 5 de diciembre de 2012 después de que el juez Velasco les impusiera, respectivamente, sendas fianzas de 50 y 30 millones de euros. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal rebajó en marzo pasado las cauciones a 15 y 10 millones de euros.

El liquidador se queja de ser engañado

En una comparecencia a petición propia que se produjo el pasado 24 de abril, De Cabo aseguró que se sintió "engañado" por Díaz Ferrán; su presunto testaferro, Jorge García Téllez; y el fiscalista del grupo, Rafael Tormo; ya que cuando compró el grupo Marsans, éste ya había sido vaciado de bienes.

Losada, por su parte, aseguró el pasado día 30 de abril que tras la compra del grupo Díaz Ferrán, intentó reflotar la empresa mediante la puesta en marcha de un plan de viabilidad aunque su iniciativa se vio abocada al fracaso. Losada fue el último director general que tuvo Marsans.

El magistrado también tiene que resolver una petición de puesta en libertad que el abogado de Díaz Ferrán presentó argumentando que no existe riesgo de fuga y que su "insolvencia" le impide hacer frente a la "multimillonaria" y "enorme" cuantía. Según las citadas fuentes, el fiscal se opuso a la disminución de esta fianza argumentando que no existe rastro del dinero obtenido por la venta de dos pisos en Nueva York.

Aparente insolvencia

De la instrucción de este caso, denominado 'Crucero', se deduce que Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, ya fallecido, diseñaron en colaboración con el empresario Ángel de Cabo "una estrategia para alzarse con sus bienes aparentando su insolvencia patrimonial".

Esta estrategia habría consistido en el traspaso del grupo Marsans, propiedad de Díaz Ferrán, y de su patrimonio personal a las sociedades de De Cabo para crear, de esta forma, "una aparente insolvencia evitando así que sus acreedores, no sólo empresas, sino trabajadores, pudieran satisfacer sus créditos".

A cambio, el liquidador se comprometió a entregar 100.000 euros mensuales a los empresarios hasta que ambos recibieran una suma de 8 millones de euros. Según los autos del juez Velasco, Díaz Ferrán se habría valido de "testaferros y complejas estructuras societarias creadas por Ángel de Cabo, algunas de ellas asentadas en paraísos fiscales extranjeros" tras ser asesorado por "personas de su confianza".

Denuncias de los proveedores

El juez Velasco, que abrió esta causa tras admitir a trámite una denuncia presentada en febrero de 2012 por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, ordenó el pasado 5 de diciembre el ingreso en prisión de De Cabo y Díaz Ferrán tras imponerles sendas fianzas de 50 y 30 millones de euros, respectivamente.

A Díaz Ferrán se le imputan indiciariamente los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, insolvencia punible por la ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero y estafa procesal concursal. El juez Velasco también envió a prisión el 5 de diciembre al cuñado de De Cabo, Teodoro Garrido; y los supuestos testaferros Carmelo José Estéllez, José Enrique Pardo y Antonio García Escribano.

La secretaria del liquidador, Susana Mora, quedó en libertad tras depositar una fianza de 3.000 euros y al fiscalista Rafael Tormo se le impusieron una serie de medidas cautelares. Además, fueron imputados en este procedimiento Gerardo Díaz Santamaría, hijo de Díaz Ferrán; Consuelo Garrido, mujer de De Cabo; el abogado Raúl Jiménez y los cuatro hijos de Gonzalo Pascual: Ignacio, José María, Gonzalo y Diana.

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