Alquiler turístico

Airbnb torea a los representantes de la UE que reclaman una nueva normativa

Emmanuel Marill, director de Airbnb para Europa, Oriente Medio y África, se zafa de las críticas de las ciudades y regiones europeas

Publicada 02/02/23 -Actualizada 25/02/23 02:04h
Airbnb torea a los representantes de la UE que reclaman una nueva normativa
  • Representantes de ciudades y regiones de la UE piden un marco legal común para toda Europa que obligue a Airbnb a facilitar datos
  • En Europa existen 700 plataformas que se dedican al alquiler turístico, desde pequeñas empresas a gigantes como Airbnb
  • "La transparencia redundará en normativas más proporcionadas sobre el alquiler turístico", dice la Comisión Europea

El Comité Europeo de las Regiones (asamblea de la UE de representantes regionales y locales de los 27 Estados miembros) organizó un debate en Bruselas el 31 de enero para discutir el impacto que Airbnb y otras plataformas de alquileres turísticos tienen en las ciudades y regiones. Emmanuel Marill, director de Airbnb para Europa, Oriente Medio y África, fue invitado a participar. Pero todo acabó siendo un diálogo de sordos.

El objetivo de este debate era allanar el terreno para una futura normativa europea que obligaría a Airbnb y otras plataformas de alquiler turístico a compartir sus datos con las autoridades locales, según explicó Amaryllis Verhoeven, directora de la dirección general de mercado interior de la Comisión Europea.

"El aumento de los alquileres de corta estancia crea muchas oportunidades, desde luego, pero también genera preocupación. Hay necesidad de más transparencia. Las autoridades locales necesitan saber quién alquila, a quién y por cuántas noches", explicó la funcionaria europea.

Y es que según añadió Amaryllis Verhoeven, "los gobiernos locales no tienen datos y sin datos es difícil hacer políticas" para regular el boom de los alquileres turísticos en Europa.

Por dicho motivo, añadió, la propuesta que se debate en el seno de la UE consiste en la creación de "un marco legal" común para los 28 países miembros de la Unión, "estableciendo obligaciones para autoridades, plataformas y viajeros, de forma que la recolección de datos sea lo más fácil posible".

¿Cómo funcionaría la recogida de datos de Airbnb, Booking y todas las demás plataformas?

En todo caso, matizó la directora de la dirección general de mercado interior de la Comisión Europea, "esta propuesta que debatimos hoy no es para determinar bajo qué condiciones las ciudades pueden marcar limitaciones al alquiler turístico. Estamos hablando solo de recolección de datos".

Para que la recogida y difusión de datos fuera lo más fácil posible, Bruselas propone que las plataformas de alquileres turísticos compartan datos a través de un sistema automatizado común para toda la UE, "de manera segura porque estamos hablando de datos privados" y que esas cifras fluyan hacia las autoridades locales.

Según explicó la alta funcionaria europea, en Europa existen 700 plataformas activas que se dedican al alquiler turístico, lo que incluye desde pequeñas empresas hasta gigantes como Airbnb o Booking. Por dicho motivo, "queremos un sistema de recogida de datos fácil, que funcione para todas las plataformas, pequeñas y grandes".

Y una vez los municipios tengan acceso a los datos de alquileres turísticos, "una mejor transparencia redundará en normativas más proporcionadas. Estamos construyendo un turismo sostenible, por lo que interesa a todos los actores tener todos los datos, que serían siempre datos agregados, no personales".

Esos datos agregados, añadió la funcionaria de la Comisión Europea, estarían además disponibles para otros actores económicos. "Esto es un efecto colateral que queremos conseguir", indicó Amaryllis Verhoeven.

Las autoridades locales reconocen su impotencia

En el debate también intervino Peter Florianschütz, representante de la ciudad de Viena, quien insistió en la misma idea. "Debemos tener acceso a los datos y debería ser obligatorio proporcionarlos".

Y es que según expuso el representante de la capital austríaca, el actual marco legal dificulta a las autoridades locales conocer con exactitud el funcionamiento de las plataformas de alquiler turístico en sus propias ciudades. "Estamos hablando de empresas que operan en Austria, con sede en Irlanda, de modo que si hay problemas o juicios, todo se va aplazando. Por eso se necesita una normativa europea", remarcó.

Peter Florianschütz indicó que tener acceso a los datos de Airbnb y otras plataformas (quién alquila, en qué zonas, cuántas noches, etc) permitiría a las autoridades municipales y regionales regular el mercado de alquiler turístico para que esta actividad no perjudique el mercado de alquiler de vivienda.

En este sentido, afirmó, "hay una parte del mercado inmobiliario que no puede ser objeto de alquileres a corto plazo, porque en determinadas regiones se necesitan profesores, enfermeros, etc, que no encuentran vivienda porque ahora todo son alquileres turísticos. Y aquí deben primar los intereses de los ciudadanos", afirmó.

"Tenemos que saber qué finalidad se alquila un piso, quién lo hace, necesitamos un sistema transparente de datos, que tengamos acceso a datos fiscales, lo cual nos permitirá regular el mercado. No puede ser que las viviendas estén desapareciendo del mercado. Los municipios tienen que poder reaccionar. La idea no es ir en contra de Aibrnb o Booking, sino defender los intereses de los ciudadanos, por eso se necesita una normativa clara y que sea flexible", concluyó el representante vienés.

"Hay que poder acceder a un piso a precios normales"

En el debate también intervino Roberto Ciambetti, presidente de la región italiana de Veneto, que ha participado en los informes sobre los servicios de alquileres a corto plazo. "Cada ciudad debe integrar las reglas para gestionar mejor los flujos turísticos, sin limitar demasiado la propiedad privada, de modo que las personas que necesitan una vivienda por trabajo o estudios puedan acceder a un piso a precios normales", expuso.

"Con este dictamen queremos regular la actividad de alquiler de corta duración, sin dejar de lado la importancia de los ingresos complementarios que genera esta actividad, teniendo siempre en cuenta los intereses públicos y los intereses de otros turoperadores", añadió Ciambetti.

"Es necesario definir un modelo común eficiente y transparente que sea capaz de contrarrestar las prácticas ilegales y las formas de competencia desleal", concluyó el representante italiano.

Emmanuel Marill (director de Airbnb para Europa) junto a Amaryllis Verhoeven, directora de la dirección general de mercado interior de la Comisión Europea, en el debate del pasado 31 de enero.

Airbnb: "Cuanto más restrictiva sea la regulación, más profesional será la actividad"

Las propuestas, reclamaciones y críticas sobre el alquiler turístico que expusieron los representantes regionales de la UE fueron toreadas por Emmanuel Marill, director de Airbnb para Europa, Oriente Medio y África.

"La regulación y la transparencia son buenas", dijo al inicio de su intervención, a modo de concesión. Y ahí se acabó el diálogo. Todo lo que vino a continuación por parte del directivo de Airbnb fue la repetición de las consignas de la multinacional estadounidense sobre las bondades de su negocio.

"No digo que no haya problemas. Pero cada ciudad es distinta. También estamos en los pueblos, donde ha habido un aumento de caseros a raíz de la pandemia. Hay una oferta que crea demanda. Tenemos que trabajar juntos para encontrar una normativa que funcione. No me quiero extender demasiado, pero cuanto más restrictiva sea la regulación, más profesional será la actividad", dijo.

"Si queremos ayudar a un casero de a pie, nos lo tenemos que pensar mucho para regular. La casuística es muy diversa", añadió.

El director de Airbnb para Europa explicó, por ejemplo, que Airbnb está presente en 28.000 municipios de Francia y la normativa en dicho país obliga a la compañía a proporcionar, dos veces al año, información sobre caseros y turistas alojados. Estos datos permiten a la autoridad fiscal "atar cabos y recaudar impuestos". Además, "hemos creado un portal en Francia que permite al municipio acceder a los datos".

Emmanuel Marill también comentó que la recaudación a través de Airbnb de las diferentes tasas turísticas que se aplican en Europa sumó 500 millones de dólares el año pasado, un dinero que va a parar a los gobiernos municipales y regionales.

"Airbnb y vivienda son dos temas muy interrelacionados"

Viendo las respuestas que estaba ofreciendo el directivo de Airbnb, la representante del Parlamento Europeo y ponente sobre los servicios de alquiler turístico, Kim van Sparrentak, intentó apretarle las tuercas: "Usted dice que Airbnb y la vivienda son cosas separadas, pero en realidad esa es la madre del cordero. La gente ya no tiene acceso a la vivienda. Son dos temas muy interrelacionados. Airbnb tiene que ser parte de la solución".

Sin embargo, el director de Airbnb para Europa respondió a la eurodiputada: "Los problemas de falta de vivienda en las ciudades se deben a muchos problemas. Por ejemplo, en últimos años no se ha construido suficiente. La regulación del alquiler turístico tiene que ser proporcionada ¿Por qué no vamos a alentar a los propietarios que quieran alquilar una de sus habitaciones? No estamos sacando del parque de vivienda ninguna vivienda. Estamos hablando de un millón de caseros, que también contribuyen a otros aspectos de la economía", dijo Emmanuel Marill.

El directivo de Airbnb insistió que "la regulación tiene que ser concreta, modular, que no afecte a las residencias primarias. Nuestra actividad es buena para potenciar económicamente los destinos".

En el turno de preguntas, tomó la palabra Antonio Vicens, director general de Relaciones Exteriores del Govern de las Islas Baleares, quien pidió "mejorar la potestad sancionatoria, de forma que quien establezca reglas tenga más seguridad jurídica".

El vídeo del debate completo se puede ver en este enlace a la web oficial del Comité Europeo de las Regiones.

Problemas de acceso a la vivienda en destinos turísticos españoles

Una vez finalizó el debate, Antoni Vicens, explicó que desde el nacimiento de estas plataformas de alquiler vacacional, el turismo en el archipiélago "ha aumentado de forma ininterrumpida", según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Efe.

"Este debate que hemos tenido hoy es muy importante en el archipiélago, ya que hay que tener en cuenta que tenemos una gran actividad turística y tenemos también muchos problemas de acceso a la vivienda por parte de los residentes", señaló Vicens.

Asimismo, el delegado para la Unión Europea de la Generalitat Valenciana, Joan Calabuig, sostuvo que el objetivo de la Comunidad Autónoma que representa es el de hacer "compatible" el alquiler de alojamientos de corta duración con los derechos de los residentes y con la posibilidad de que no se generen alteraciones en el mercado que "dificulten el acceso de los jóvenes a la vivienda".

La adopción final de este proyecto de dictamen está planificada para la sesión plenaria del Comité de las Regiones del próximo mes de marzo.

Avatar redactor Xavier Canalís Periodista de Hosteltur Más artículos de Xavier Canalís

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Comentarios 1
Obviamente es necesaria la regulación y por mucho que Airbnb hable de las bondades de su negocio, lo cierto es que las segundas viviendas se destinan a fines turísticos lo cual afecta al parque de viviendas y tiene su efecto económico y social. Además tenemos a empresas que pactan acuerdos con propietarios de viviendas para su comercialización turística y que, en ese nicho de mercado, también existen soluciones tecnológicas para su gestión. Es lógico que sin datos no se pueda regular pero, en mi opinión, para conseguir ese equilibrio entre qué parte se destina a uso turístico y qué parte a las necesidades de la población, se requiere, dada la falta de voluntad negociadora, reforzar la inspección y el procedimiento sancionador. Piensen ustedes porqué no se resuelve realmente este tema (En España estamos con casi 3 millones de parados). No se trata de poner vallas al campo: las VFT deben formar parte de la oferta de alojamiento pero no en la proporción y con los derechos y obligaciones actuales. Cientos de expedientes esperan su licencia turística y tampoco las plataformas han puesto límites a su distribución ya que son meros intermediarios. Sin intervención no habrá una solución más equitativa.