Registro de reservas: Bruselas estudia una posible vulneración de derechos
Publicada 14/06/23 -Actualizada 10/07/23 02:00h
- La Comisión Europea estudiará si es compatible con la directiva de comercio electrónico y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
- Va a verificar también si se puede extender esta obligación a todos los tipos de operadores turísticos públicos o privados
- El Ministerio de Interior decidió en abril ampliar hasta el próximo 31 de enero el plazo para la entrada en vigor de esta obligación
La Comisión Europea va a verificar si el Real Decreto 933/2021, del 26 de octubre, que impone a las agencias de viajes la obligación de enviar al Ministerio de Interior un registro de reservas es compatible con la directiva europea sobre comercio electrónico y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así, lo ha indicado la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (FETAVE), que presentó una queja ante este organismo a principios de año.
Asimismo, la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea (CE) sostiene que va a comprobar “si este decreto puede extender a todos los tipos de operadores turísticos públicos o privados la obligación de identificar ante las fuerzas de seguridad del Estado a los clientes a quienes alquilan una vivienda o vehículos”.
La CE responde así a la queja presentada por FETAVE. En el escrito que ha remitido a esta asociación anuncia que ha puesto marcha el procedimiento de examen de la denuncia presentada por la presunta vulneración del derecho de la Unión Europea por parte decreto aprobado por el Gobierno español que establece la obligación del registro en las agencias de viajes.
España es el único País de la Unión Europea que obliga a las agencias de viajes a comunicar los datos de registro documental e información de las actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, recuerda la asociación
La agrupación presidida por César Gutiérrez confía en que antes del próximo 31 de enero, fecha de la actual moratoria concedida por el Ministerio del Interior, corrobore los argumentos tanto de esta agrupación como de la propia CE, que indicaba que la medida propuesta es desproporcionada e innecesaria.
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Asimismo, advertía que, de aprobarse sin modificaciones, como finalmente sucedió, infringiría diferentes normas europeas y entre ellas la directiva relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información.
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