El Govern balear aumentará las sanciones contra el turismo de excesos
La reforma que prepara la Conselleria de Turismo prevé también eliminar la actual zonificación
Publicada 16/10/23 -Actualizada 15:44h
El Govern balear quiere aprobar antes de la próxima campaña vacacional un nuevo decreto contra el turismo de excesos. Una reforma que tendrá dos líneas principales, según ha detallado este lunes el conseller de Turismo, Jaume Bauzà: la eliminación de la actual zonificación, que los cuatro municipios afectados consideran negativa para su imagen e injusta, y el incremento de las sanciones contra quienes cometan actos incívicos.
Jaume Bauzà, que ha mantenido hoy la primera reunión de la legislatura de la Comisión para el Fomento del Civismo en las Zonas Turísticas, ha subrayado en rueda de prensa que el principal objetivo de la modificación es aplicar "mano dura" contra los incívicos, sean turistas o residentes e independientemente de dónde estén alojados, ya que, a juicio del nuevo Govern, las sanciones en vigor no castigan con suficiente rigor los excesos.
El conseller no ha definido todavía el calendario preciso para la aprobación de la nueva norma, que como la de 2020 será un decreto ley, pero ha confiado en tenerla en vigor cuando comience la campaña turística de 2024
Respecto a su voluntad de modificar el nombre para eliminar de su título el concepto de "turismo de excesos", ha subrayado que la semántica tiene en este caso un carácter estigmatizador que se quiere corregir. Además, se da respuesta a la demanda de los municipios de las zonas turísticas señaladas.
El decreto en vigor, que prevé sanciones de hasta 600.000 euros para los comportamientos más graves, es de aplicación en determinadas zonas de los municipios de Calvià, Palma, Llucmajor y Sant Antoni
Representantes de estos ayuntamientos, junto con responsables de los consells de Mallorca e Ibiza y de las fuerzas de seguridad del Estado han participado en la comisión de este lunes.
A esta reunión seguirá en breve otra de la subcomisión de la que forman parte patronales, sindicatos y representantes vecinales, un órgano previsto en el decreto ley que nunca se ha convocado, ha lamentado el conseller.
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