Cataluña ¿Primera comunidad que expropiará licencias turísticas?
Un nuevo decreto ley que impulsa el gobierno catalán obligaría a cerrar 28.000 pisos turísticos
Publicada 02/12/23 -Actualizada 04/12/23 07:47h
El sector turístico catalán está muy pendiente de la decisión que pueda adoptar el Parlament de Catalunya en los próximos días en relación con un nuevo decreto ley que puede significar la revocación de miles de licencias de viviendas de uso turístico.
Cabe recordar que el pasado 7 de noviembre el gobierno catalán aprobó un decreto ley que obligará a obtener licencia urbanística previa a viviendas de uso turístico en 262 municipios catalanes donde hay problemas de acceso a la vivienda o una alta concentración de esta modalidad de alojamiento. El decreto ley requiere además a los ayuntamientos que quieran tener pisos turísticos a desplegar un nuevo planeamiento urbanístico.
En la práctica, el gobierno catalán prevé que la nueva normativa obligaría a cerrar unos 28.000 pisos turísticos en 47 municipios, donde se supera la ratio de 10 viviendas turísticas por cada 100 vecinos.
Tras presentarse el decreto ley, la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) anunció que podría pedir a la Generalitat indemnizaciones por valor de 4.000 millones de euros si los propietarios se ven obligados a cerrar sus viviendas turísticas. También consideran que tener que renovar las licencias cada cinco años genera "inseguridad" y frenará las inversiones.
Según advierte una experta jurídica, "es un tema de gran relevancia. De salir adelante este decreto, Cataluña sería la primera comunidad autónoma en expropiar licencias turísticas".
Pendientes de un informe y de la convalidación del decreto en el Parlament
En cualquier caso, y ante la perspectiva de que miles de licencias de viviendas de uso turístico en Cataluña sean finiquitadas con efectos retroactivos (a expensas de la decisión que tome cada municipio), Federatur ha conseguido de momento que los grupos de la oposición en el Parlament de Catalunya (PSC, Junts, Vox, Cs y PP) hayan solicitado un informe al Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat.
En la actualidad, el gobierno catalán está formado solo por ERC y se encuentra en minoría en el Parlament de Catalunya, con solo 33 diputados de un total de 135.
El resultado de ese dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias podría tener una influencia decisiva entre los grupos políticos, que están esperando a dicho informe antes de decidir si convalidan o no el decreto ley en el Parlament de Catalunya.
Federatur: el decreto ley se ha hecho sin consenso
Por su parte, el presidente de Federatur, David Riba, ha pedido a la Generalitat que rectifique el decreto ley y ha exigido diálogo con el sector, según informa la agencia de noticias Efe.
David Riba ha hecho este llamamiento en el marco de una conferencia sobre el sector turístico en Cataluña organizada por la patronal Foment del Treball este viernes 1 de diciembre, en Barcelona.
Riba ha criticado que se haya tomado la medida a través de un decreto ley, que está diseñado para acciones de urgencia, cuando sus efectos se aplicarán a cinco años vista y, a la vez, se haya eludido -dice- la consulta con los partidos políticos de la oposición y con los agentes del sector.
"El Govern ha argumentado la medida para hacer frente a la emergencia habitacional, pero lo ha hecho sin ningún estudio serio, sin consenso con el sector, no solo con los pisos turísticos, sino con el comercio o la restauración, que también se benefician de la actividad", ha expresado.
Riba ha precisado que, según datos del sector, los usuarios de pisos turísticos destinan un 25% de su presupuesto al gasto habitacional, mientras que el resto del dinero llega a otros sectores, como el transporte, el comercio local y la hostelería, que se verían afectados, ha remarcado, si se cierran pisos turísticos en masa.
David Riba: "La Generalitat justifica la medida por la emergencia habitacional, pero casi no ha creado vivienda social en los últimos años"
"La Generalitat ha trabajado como un cíclope de un solo ojo, y lo justifica con la emergencia habitacional. Pero a la vez, no ha creado casi vivienda social en los últimos años. La única política que sacan es contra nosotros, es una broma", ha censurado Riba.
"Decimos que rectificar es de sabios. Se han adherido muchas instituciones a nuestras reclamaciones, porque el decreto es una cosa sin sentido. Escuchen a los campings, a los hoteles, porque esto no soluciona el problema de la vivienda y, en cambio, será perjudicial para muchos territorios", ha añadido.
Invasión de competencias, vulneración de la seguridad jurídica, expropiación sin indemnizaciones...
Durante un coloquio organizado por Federatur, los abogados Juan Manuel Trayter Jiménez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Girona, y Pablo Molina Alegre, especialista en urbanismo y derecho constitucional y socio del despacho Garrigues, han hecho referencia al "uso indebido de un Decreto ley para regular un sector económico, las competencias que invade y la vulneración del principio constitucional de seguridad jurídica y de la directiva de servicios de la UE".
Así, los expertos han recalcado que "los municipios ya disponen de mecanismos para regular el sector y que en ningún caso una norma concreta y uniforme como la impuesta por el Govern puede ser la solución para legislar en municipios con casuísticas tan distintas". En este sentido, se ha destacado que "un 50% de los municipios catalanes afectados por el Decreto ley ya han regulado las viviendas de uso turístico".
Los abogados también exponen que la nueva normativa incide en los derechos de propiedad y libertad de empresa reconocidos constitucionalmente, "lo que no está permitido regular con Decreto ley".
Además, insisten, “no puede haber una necesidad urgente y extraordinaria si se requiere un desarrollo posterior del planeamiento urbanístico para cada municipio y se da un plazo de cinco años para hacerlo”.
La retahíla de críticas prosigue: la nueva normativa supone "un obstáculo a la libertad de empresa y de la actividad económica y genera un régimen de control administrativo mucho más intenso que en el resto del territorio" de España. Además, "deroga de facto la Ley de Turismo catalana; modifica la Ley de la Vivienda y vulnera el reparto competencial".
También las restricciones que impone la nueva normativa "no cumplen con los requisitos exigibles por la Unión Europea a la limitación de la libertad de prestación de servicios y establecimiento". En este sentido, "la sustitución del régimen de declaración responsable por el de licencia urbanística previa es discriminatoria respecto a otros operadores de establecimientos de alojamiento turístico, ya sean nacionales o internacionales".
En resumidas cuentas, la regulación que quiere salir adelante el Gobierno catalán "supone claramente una expropiación encubierta de las licencias de viviendas de uso turístico otorgadas antes de la entrada en vigor del Decreto ley. Según la ley, estas licencias deberían ser indemnizadas con compensaciones de carácter económico".
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