El plazo para su transposición se había agotado en julio

Tiempo compartido: la regulación española se adapta a la comunitaria para evitar sanciones

El Gobierno regula el uso de bienes turísticos por turno con carácter de urgencia

El Gobierno ha aprobado con carácter de urgencia un Real Decreto Ley por el que se adapta la normativa comunitaria de uso de bienes turísticos por turno, para evitar sanciones económicas de la Comisión Europea. Bruselas había criticado a España por desproteger al consumidor de tiempo compartido.

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Se ejecuta así la transposición de una normativa comunitaria pasada de plazo desde julio de 2011, según ha explicado la vicepresidenta y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría. Por ello, y con el fin de evitar sanciones económicas, el Ejecutivo ha decidido agilizar su entrada en vigor mediante un Decreto Ley.

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No obstante, ha matizado que su tramitación se abrirá como proyecto de ley a las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios, insistiendo en que la urgencia viene marcada por la necesidad de evitar una sanción comunitaria.

Reforzar los derechos de los consumidores

Con la nueva normativa de tiempo compartido se pretende reforzar los derechos de los consumidores, ampliando por ejemplo de 10 a 14 días el periodo de reflexión durante el cual el cliente puede desvincularse del contrato suscrito. Asimismo, en los productos vacacionales de larga duración el usuario podrá rescindir el contrato a partir del segundo plazo sin incurrir en penalización; mientras que la duración mínima del contrato pasa de tres años a uno.

La directiva también afecta a otros bienes como barcos, caravanas o cruceros cuando sean utilizados como alojamiento durante más de un periodo de ocupación.

En opinión de la vicepresidenta, se crea así un marco de confianza tanto para los usuarios como para las empresas, para que puedan conocer mucho mejor lo que implican estos contratos y sus beneficios, con una legislación más adecuada para proteger a los consumidores y promover actividades económicas de esta naturaleza.

La Comisión Europea instó a finales de septiembre a España, además de a Polonia, Eslovenia y Lituania, a aplicar la normativa europea, advirtiendo de que en caso contrario los llevaría ante el tribunal de la UE.

 

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