Brasil: El Alcalde de Río de Janeiro critica fichaje de turistas de EEUU

Publicada 05/01/04
Brasil: El Alcalde de Río de Janeiro critica fichaje de turistas de EEUU
La decisión de la justicia brasileña de fichar y fotografiar a los estadounidenses que entren en Brasil ha sido duramente criticada por el alcalde de Río de Janeiro, César Maia, que la considera perjudicial para el turismo.
La decisión de la justicia brasileña de fichar y fotografiar a los estadounidenses que entren en Brasil ha sido duramente criticada por el alcalde de Río de Janeiro, César Maia, que la considera perjudicial para el turismo. A partir del 1 de enero, por determinación de un juez federal, la Policía Federal brasileña tiene la obligación de registrar en fichas, con fotografías y huellas digitales, a todos los ciudadanos estadounidenses que lleguen a los aeropuertos, puertos y puestos fronterizos de Brasil, así sea por motivos turísticos. La determinación judicial fue solicitada por un fiscal regional después del anuncio del gobierno de los Estados Unidos de que, a partir de este lunes, hará lo mismo con todos los pasajeros brasileños y de los demás países latinoamericanos, así como de numerosos países de África, Oriente Medio y Asia. La medida de represalia fue adoptada inicialmente en el aeropuerto internacional de Sao Paulo, en donde los estadounidenses tuvieron que pasar el jueves por rigurosos procedimientos de identificación que demoraron hasta cinco minutos, y el viernes fue extendida a todo el país. "La aplicación de una reciprocidad ingenua tendrá repercusión en las agencias de viajes y en la prensa internacional. La medida afectará nuestro mercado receptivo en relación al principal mercado exportador de turismo del mundo", afirmó Maia en un comunicado. Río de Janeiro, la principal atracción turística de Brasil y una de las mayores de América Latina, recibió 1,5 millones de turistas extranjeros en 2002, de los cuales el 26,2 por ciento procedió de Estados Unidos. Según Maia, la reciprocidad no puede aplicarse debido a que las condiciones en ambos países son diferentes y las medidas de Washington tienen por objetivo fiscalizar el ingreso de extranjeros para combatir el terrorismo. El alcalde calificó la decisión judicial de "desastrosa" y "burra" cuando el país se prepara para recibir un gran flujo de visitantes durante el verano austral. "Río de Janeiro fue particularmente afectada por esa decisión y ocurre en momentos en que la ciudad se destaca como organizadora de grandes eventos", agregó el regidor al referirse a las fiestas de fin de año, al carnaval y a los Juegos Panamericanos de 2007. Maia cuestionó el costo del procedimiento y aseguró que la decisión es una "represalia que nos ridiculiza ante el mundo". Agregó que la alcaldía de Río de Janeiro presentará un recurso en la justicia para que un tribunal superior suspenda el fichaje de los estadounidenses. Por su parte, el juez federal que ordenó la medida, Julier Sebastiao Silva, afirmó que la medida no afectará a las relaciones entre ambos países. "Estados Unidos no puede discriminar a los brasileños y considerarlos terroristas sin ninguna evidencia, al mismo tiempo que libera el ingreso a su país de ciudadanos de otros países, especialmente los ricos", aseguró. Silva aseguró que su decisión se basó en el principio de reciprocidad del derecho internacional y alegó que la medida estadounidense es "absolutamente brutal, xenófoba y digna de los peores horrores patrocinados por los nazis". El gobierno brasileño informó de que la cancillería y sus asesores legales están estudiando la medida judicial para determinar si piden a un tribunal que la cancele, pero que aún no hay una decisión al respecto. El canciller brasileño, Celso Amorim, ya había criticado otras medidas migratorias estadounidenses y advertido de que, como diplomático, se negaría a descalzarse para ser revisado en un aeropuerto de Estados Unidos, a lo que fue obligado su antecesor, Celso Lafer. La Policía Federal también evitó comentar la decisión judicial y en un comunicado dijo que su papel es cumplir con las determinaciones legales sin "cuestionar órdenes judiciales o hacer comentarios sobre la política inmigratoria".
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