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El turismo rural se estanca en el exceso de oferta y la ilegalidad

21 junio, 2004
Los propietarios de casas rurales englobados en la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) acaban de dar la voz de alarma ante el "estancamiento" que sufren por el exceso de oferta
Los propietarios de casas rurales englobados en la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) acaban de dar la voz de alarma ante el "estancamiento" que sufren por el exceso de oferta incontrolada. La oferta de casas rurales registradas se ha incrementado en los últimos años hasta superar las 62.000 plazas, sin embargo esta cifra se puede aumentar hasta en un 40 por ciento de establecimientos que ilegalmente alojan a los visitantes del medio rural, que desconocen esta situación o que optan porque ofrecen un precio más asequible. Sin embargo, muchos de los establecimientos ilegales tienen unas tarifas elevadas, ya que se aprovechan de momentos de gran demanda como el verano y la semana santa y no ofrecen ninguna calidad a cambio de tan alto precio, aseguran desde Asetur. Esta situación está perjudicando a los propietarios que apuestan por la calidad, pero también la confusión que existe por parte de los consumidores a la hora de seleccionar un establecimiento rural provocada por las diferentes normativas que rigen en cada Comunidad Autónoma, por lo que reclaman una normativa nacional que las homogeneice. Todas las Comunidades Autónomas -excepto la de Madrid- cuentan con su propia norma de turismo rural, y cada una de ellas tiene hasta siete formas de llamar a los diferentes tipos de casas, especialmente en las Autonomías del Norte de España como Galicia y Cantabria. Además, los requerimientos para poner en marcha un establecimiento de turismo rural, es decir, la dimensión y ventilación de las habitaciones, los servicios que se prestan, la utilización de energías renovables, son más estrictos o menos dependiendo de cada Comunidad Autónoma. De esta forma, Cataluña es la Comunidad más estricta para poder montar un alojamiento rural, y en el extremo contrario se sitúa Castilla-La Mancha. Esta semana el Ministerio de Agricultura anunció, atendiendo a estas reclamaciones, que estudiará la posibilidad de elaborar, desde el respeto absoluto a las competencias autonómicas, una normativa de carácter general. Abogados especializados en turismo rural consultados por Efeagro aseguraron que una normativa nacional es "completamente inviable", ya que cada Comunidad tiene sus propias especificidades, sin embargo, sí que consideran necesario un seguimiento específico de inspección y control de la actividad turística en el medio rural. La inspección atajaría la oferta ilegal y evitaría la masificación que ya se está produciendo en puntos concretos del medio rural.

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