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El fiscal no ve irregularidades de la SEPI en la venta de Aerolíneas Argentinas, pero sí dejación

24 mayo, 2006
El presidente del Tribunal de Cuentas (TC), Ubaldo Nieto, señaló ayer que el fiscal "no ha encontrado en 'esencia' ninguna apreciación de responsabilidades" en las operaciones realizadas por la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales) en relación a la venta de Aerolíneas Argentinas.
A petición de los diputados Vicente Martínez Pujalte (PP) y Ricart Torres (PSOE), el presidente del Tribunal de Cuentas indicó no obstante ante la Comisión Mixta de Relaciones con el TC del Congreso, que "sí" se ha considerado que "ha habido dejación de las cláusulas de penalización". El informe presentado por el TC considera que en la ejecución del contrato de venta a Air Comet de la compañía argentina se "han observado numerosas incidencias", entre las que destacan que la empresa compradora (perteneciente al grupo Marsans) no ha llegado a acreditar el cumplimiento de su compromiso de incorporar 23 aviones a la flota existente, así como su retraso en el plazo para realizar una ampliación de capital. También indica que la aerolínea ha empleado 273 millones de dólares (unos 226 millones de euros), de los 300 aportados por la SEPI para el pago de pasivos, en la compra de estos pasivos y no en su cancelación. Según Nieto, Air Comet realizó una operación de subrogación que en el documento se destaca como una actuación que permitió llevar a cabo una quita en 2002 del 60% de las deudas de Aerolíneas. Asimismo, señala que la SEPI aportó otros 248 millones de dólares (unos 206 millones de euros) para que Air Comet implantara un Plan Industrial en Aerolíneas, dinero que la empresa empleó en pagos de los gastos de funcionamiento de la sociedad argentina y de su filial Austral. El presidente del Tribunal confirmó en su comparecencia que el pasado 26 de abril el juzgado número 35 de Madrid pidió al órgano fiscalizador el testimonio íntegro del informe para unirlo al sumario de la causa que se sigue contra los dueños de Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, así como contra el máximo representante de Air Comet, Antonio Mata. Esta causa tiene en cuenta que el holding público español "incluso vendió a Air Comet uno de sus propios créditos frente a Aerolíneas Argentinas" y que aparecen algunos créditos cedidos a una sociedad denominada Royal Romana Playa. Por último, en sus conclusiones, el TDC valora en una cifra próxima a los 2.300 millones de euros el "coste real" que ha debido sufragar las empresas públicas españolas en sus actuaciones en Aerolíneas Argentinas. El informe añade que "salvo lo que ha cobrado Iberia en su desinversión del grupo argentino, ninguno de los demás desembolsos realizados por ésta y por la SEPI han sido recuperados".

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