La violencia social en Perú sube de tono

La violencia social en Perú experimenta una escalada progresiva, según medios de prensa locales, que dan cuenta de que ayer grupos de manifestantes, entre ellos maestros del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), tomaron el aeropuerto Manco Cápac, de Juliaca, en Puno y atacaron sus instalaciones. Los huelguistas llegaron hasta la pista de aterrizaje y destruyeron algunas luces de balizaje y puertas, e incendiaron muebles y útiles de oficina, así como un inmueble de guardianía, perteneciente a Luis Gamboa, jefe del aeropuerto puneño. Los actos de violencia empezaron alrededor de las 08:00 horas (13:00 GMT), cuando cerca de 5.000 personas llegaron al aeropuerto, según los medios locales. Efectivos de la Policía Nacional y del Ejército formaron un cordón de seguridad, en tanto los vuelos fueron suspendidos varias horas y unos 50 turistas, entre nacionales y extranjeros, permanecían al mediodía de ayer a la espera de que despegara algún avión. El ejército refuerza a la policía Ante el incremento de la violencia social en el Perú, el Gobierno de Alan García decidió ordenar al ejército que durante un mes apoye a la policía en el combate contra estas manifestaciones, una medida que ha sido muy bien recibida por los empresarios, que temen no solo a los daños económicos que la violencia deja al país, sino también a la su imagen turística en momentos en que Perún hace una fuerte apuesta por el turismo. El presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jaime Cáceres Sayán ha comentado que los empresarios esperaban una disposición de esas características para recuperar la paz social. "Es evidente que se trata de una medida acertada. No podíamos continuar con esos actos de violencia que sólo paralizan el desarrollo del país. Creo que es una medida necesaria y que todos debemos respaldar", afirmó en declaraciones qye recoge la agencia Andina y añadió que el orden, la paz social, el libre tránsito, y el respeto a la ley y a la propiedad privada, son tareas que todo gobierno, de cualquier tendencia política, tiene como obligación cumplir para garantizar el orden interno. Por su parte, el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Luis Silva Martinot, no sólo calificó de "acertada" la disposición gubernamental, sino también de "oportuna, positiva y necesaria" y comentó que las medidas de protesta en las provincias ya excedieron la capacidad de tolerancia de la ciudadanía que espera seguridad en su libre tránsito y en la protección de sus propiedades. "Estamos hablando de una medida acertada mientras sea temporal. Creo que los 30 días dispuestos por el gobierno para que las Fuerzas Armadas actúen, serán suficientes para retornar a la calma social", precisó. J.A.Tamargo (latinoamerica@hosteltur.com)