La segunda fuerza parlamentaria del país podría pedir la quiebra de Aerolíneas

El líder de la UCR, Gerardo Morales, señaló en un comunicado que la fuerza política "evalúa solicitar la quiebra de la empresa para que luego el Estado tome el control de Aerolíneas sin hacerse cargo del pasivo, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y la fuente laboral". "Por otra parte, nuestros abogados están trabajando en que se habría incurrido en administración fraudulenta en Aerolíneas Argentinas por parte de la empresa, con responsabilidad de los funcionarios en representación del Estado", sostuvo el senador Morales, quien agregó que por eta razón la UCR analiza presentar una demanda en lo Penal Económico. Marsans y el Gobierno argentino firmaron hace una semana un acuerdo por el que el grupo traspasará al Estado argentino el 94,41% de las acciones de Aerolíneas Argentinas y el 97% de Austral. Con ese acuerdo se abrió un período de dos meses en el que se efectuará una auditoría interna para determinar el precio de las acciones que serán transferidas al Estado argentino, que ya posee una participación del 5% en Aerolíneas. Un consejo de transición administrará las dos empresas y confeccionará el estado de resultados durante estos 60 días, hasta que se complete la transferencia accionarial, proceso que el gobierno busca convalidar en el Parlamento. Aerolíneas Argentinas tiene deudas por 890 millones de dólares y pierde cerca de un millón de dólares diarios, además de tener la mitad de su flota averiada. "Otra de las observaciones que hacemos desde la UCR al proyecto de ley (enviado por el Ejecutivo al Parlamento para convalidar la transferencia al Estado) es que allí solamente se ha establecido la participación del Tribunal de Tasaciones para la determinación del valor del paquete accionarial", dijo Morales. Según el senador radical, ese tribunal "lo único que puede valuar es los activos, pero hay que determinar los pasivos y establecer el patrimonio neto de la empresa, para lo cual no sólo debería trabajar el Tribunal de Tasaciones sino también la Sindicatura General de la Nación (Sigen)". "Asimismo, el Estado debería contratar un auditor externo, que podría ser en este caso la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, para que, con independencia de criterio, determine si el patrimonio neto resultante del análisis del Tribunal de Tasaciones y la Sigen es el correcto y pertinente", dijo Morales. HOSTELTUR (latinoamerica@hosteltur.com)