Marsans comparece ante la Cámara de los Diputados, culpa a los sindicatos y niega cargos por fraude mientras las críticas se recrudecen

Cirielli, actual secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), cuestionó que el ex presidente no hubiera reaccionado a tiempo a sus advertencias sobre el "proceso de vaciamiento" que, señaló, llevaba adelante el grupo español Marsans -controlante de ambas compañías-, a cuyos directivos calificó de "atorrantes, delincuentes y mentirosos", informa el diario La Nación. Por su parte, el grupo español Marsans rechazó "falsos" cargos de fraude y culpó a los sindicatos por la crisis de Aerolíneas Argentinas, al responder ayer en el Parlamento argentino sobre la situación de la compañía que acordó traspasar al Estado. Durante un plenario de casi cinco horas con unos 70 diputados de las comisiones de Transportes y Presupuesto, el director corporativo de Marsans, Vicente Muñoz, ratificó que el grupo "quiere cobrar lo que valga la empresa", según lo determine la auditoría pactada con el Gobierno argentino, que afirma que no debe pagarse nada. Subrayó que Marsans "cree en el acuerdo" de traspaso firmado el 17 de julio pasado, por lo que no tiene "un plan B", en caso de que la operación sea rechazada por el Parlamento argentino. Sostuvo que son "falsos" los cargos de fraude y otros delitos que pesan en España y Argentina sobre Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, los dueños de Marsans, y su ex socio, Antonio Mata, aunque admitió que los tres están procesados por la Justicia española. Apuntó que el Tribunal de Cuentas de España "ha aprobado" el giro de fondos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a Marsans en octubre de 2001, cuando la entidad traspasó Aerolíneas al grupo turístico, asunto que investiga el juzgado 35 de Madrid. Muñoz, uno de los dos representantes de Marsans en la "comisión de transición" de cinco miembros que gestiona Aerolíneas, aseguró que la firma española fue víctima de un "hostigamiento permanente" de los sindicatos de pilotos y técnicos, lo que sumado a la "política aerocomercial" del Gobierno argentino desembocó en la decisión "de vender" la compañía. "Somos conscientes de que hemos cometido algunos errores y por ello pedimos disculpas", apuntó Muñoz, quien acudió al plenario acompañado por Eduardo Aranda, el otro miembro de Marsans en la comisión que actualmente gestiona a la compañía. Muñoz mantuvo polémicas, algunas ásperas, con diputados oficialistas y opositores que repudiaron la "nefasta gestión" de Marsans y lo acusaron de "vaciar" la aerolínea de bandera. Dijo que "disiente" con que el Gobierno no deba pagar por el traspaso, porque Marsans piensa "cobrar lo que diga la auditoría que vale la empresa". Aseguró que los legisladores deben "quedarse tranquilos" porque "el borrador" del balance de las compañías de 2007, en manos de los auditores, da un resultado con activos "un poco por encima o poco por debajo" de los pasivos, que suman 890 millones de dólares. El empresario español negó que se haya producido fraude o vaciamiento por el hecho de que haya un pasivo de 147 millones de dólares por sobre-venta de pasajes, como indica una denuncia contra Marsans en tribunales de Buenos Aires. "No hubo sobre-venta de billetes, es lo normal en el negocio aeronáutico y si no pudimos cumplir fue por las huelgas que los pilotos hacían en temporada alta, lo cual causó mayores daños a la compañía", puntualizó. Los directivos de Marsans negaron además que haya un "acuerdo secreto" con el Gobierno para que el Estado asuma las deudas de Aerolíneas, como publicó un diario local, y también desmintió el secretario argentino de Transportes, Ricardo Jaime. Tras interpelar a los directivos de Marsans, los legisladores interrogaron al designado gerente general de Aerolíneas, Julio Alak, quien opinó que el Estado argentino no debería pagar nada al grupo español. Alak se quejó de la mala gestión de Marsans, señaló que éste "no es el primer episodio de crisis de Aerolíneas en manos de españoles" y aseguró que "el rojo" acumulado por la compañía en el primer semestre se reducirá "paulatinamente" y "en un año la empresa estará equilibrada". "Si no es el Estado el que rescate a la empresa, no creo que haya capitales privados que estén dispuestos a hacerse cargo de la situación patrimonial de la empresa", dijo Alak. El directivo afirmó que, de otro modo, "la alternativa es el cierre de la empresa, 10.000 trabajadores en la calle y el país totalmente desconectado". Ante los Diputados también compareció el presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, quien dio cuenta de las "limitaciones y dificultades" que enfrenta ese organismo para revisar cuentas y confeccionar un balance de corte de Aerolíneas al 17 de julio último, tarea que calificó como "muy compleja". HOSTELTUR (latinoamerica@hosteltur.com)